Las comunidades autónomas no parecen haber jugado un papel relevante en la crisis secesionista de Cataluña. Y sin embargo, no ha sido así. El Senado, una Cámara fallidamente territorial, ha desempeñado la función constitucional más específica y genuina de las que le encomienda la Constitución de 1978: autorizar la coerción ‘federal’. Lo ha hecho elaborando previamente un dictamen en el que han participado varios senadores que antes desempeñaron el cargo de presidentes autonómicos. Y los senadores representantes de los parlamentos autonómicos –tanto del PP como del PSOE– han votado las medidas que restablecerán el orden constitucional en la Cataluña insurrecta. Hay que constatar que dos de ellos –José Montilla, ex presidente de la Generalitat catalana y Francesc Antich, ex presidente de Baleares– se ausentaron del pleno senatorial y no fueron capaces de comprometerse en un momento crucial de la crisis de Estado por la que estamos atravesando.

En compensación es necesario subrayar cómo el presidente aragonés, Javier Lamban, ha sido de largo el principal referente de la fidelidad constitucional. En una entrevista publicada en ‘El País’ el pasado día 26 –la víspera de la sedicente declaración de independencia de Cataluña– Lambán sostuvo un discurso impecable y desacomplejado que situó a Aragón como auténtico ejemplo en el entendimiento de la lealtad constitucional. "A veces la izquierda tendemos a pensar que hablar de la unidad de España es facha, espurio y franquista y que, sin embargo, es progresista y maravilloso todo lo que sea sinónimo de descentralización y de autodeterminación". Esta inercia de la izquierda el presidente aragonés la atribuía con plena razón a "complejos estúpidos" que representan "una victoria póstuma del franquismo". Añadir una glosa a estas palabras quizás suponga oscurecer su lúcida claridad.

Es justo que en un país como España en el que algunas periferias cuentan poco –solo emergen la vasca y la catalana– se reivindique el papel que ha jugado Javier Lambán de entre todos los presidentes autonómicos y de Aragón como comunidad con un peso histórico y una voluntad de identidad compartida que es un ejemplo social, político y cultural de territorio que se atiene a la Constitución y a su Estatuto. La tierra aragonesa, fronteriza con Cataluña, forma parte de esa ‘España vacía’ que requeriría de la atención presupuestaria y política que no ha obtenido en la medida de sus necesidades. Una región, Aragón, con una posición estratégica en el mapa español, pasillo central hacia Francia y Europa, extensa y desértica, macrocéfala en Zaragoza y que se ha caracterizado por una perseverancia en la fidelidad constitucional a prueba de insuficiencias, agravios y olvidos.

La deslealtad del independentismo catalán y la desastrosa jornada del 27 de octubre en el Parlamento en Barcelona obliga seriamente a repensar nuestro modelo territorial una vez se supere la crisis no antes, desde luego, de que se instale en la Generalitat de Cataluña un gobierno que se atenga a la Constitución y el Estatuto después de las elecciones del 21 de diciembre. El enfoque de esa reflexión sobre la descentralización del poder y el autogobierno de las nacionalidades y regiones de España deberá orientarse a reequilibrar el país –Aragón es un caso claro de injusto desequilibrio en el concierto nacional– y a evitar resortes de poder en manos de los nacionalismos que han medrado en la voluntad de conciliación y que, a la postre, se han revuelto contra el sistema de convivencia que ha reconocido las más amplias cotas de su autogobierno.

Homogeneizar las tierras de España, igualarlas en sus potencialidades sociales y económicas, coordinar las políticas sanitarias, educativas y de infraestructuras, establecer mecanismos de colaboración cultural, entre otras medidas, servirá para evitar crisis como la catalana, para cohesionar España y para reconocer de una vez y para siempre que la red de seguridad de nuestro país es la fidelidad a su ser de regiones que como la aragonesa constituyen –sean gobernadas por la derecha o, como ahora, por la izquierda– los cimientos de la unidad nacional.