El Gobierno asume el control de Cataluña con la duda de la reacción del Govern

El Gobierno culmina la asunción del control del gobierno catalán en el primer día laborable después de la aplicación del artículo 155 y de la destitución de Carles Puigdemont y de sus consejeros con el convencimiento de que los funcionarios autonómicos serán leales y de que estarán "al lado de la ley".

La incógnita no tardará en resolverse. La pregunta está ahí. ¿Qué harán hoy Carles Puigdemont y los ya exconsellers de la Generalitat? Reconocen fuentes cercanas al Gobierno que están preparados para cualquier escenario, y no ocultan desconocer qué pasa en estos momentos por la mente del presidente cesado.

Su declaración, grabada, en TV3 no despejó del todo la incógnita este sábado. Y esa indefinición solo aporta más interrogantes. ¿Qué ocurrirá si Carles Puigdemont se encierra en su despacho? Bueno, para eso primero tendría que acceder a él, que esa es otra. No podría llegar en coche oficial, porque ya le ha sido retirado y, es evidente, los Mossos tendrían que darle el paso.

Ni que decir tiene, a estas alturas el independentismo, sobre todo el sector que mantiene que hay que seguir adelante con el pulso al Estado, necesita una nueva imagen que dé la vuelta al mundo, que les presente como víctimas.

Dejando a un lado el Govern, otro de los interrogantes se ciernen sobre los altos cargos y, sobre todo, si los 200.000 funcionarios de la Generalitat siguen sus directrices y cuáles las rechazan bajo el riesgo de sanciones de empleo y sueldo. Porque quien tiene el control de la administración catalana es el Gobierno. Uno de los puntos calientes, el control de los Mossos, parece que quedó solucionado a las primeras de cambio, a juzgar por las manifestaciones de los agentes del cuerpo.

Solventada la seguridad, vigilar las cuentas de la Generalitat de Cataluña ha sido una de las principales obsesiones del Gobierno desde que comenzó el desafío independentista. Precisamente, el Ejecutivo sabe que uno de los pilares básicos para hacer viable el artículo 155 está en el control de las finanzas públicas de la Generalitat. Así consta en una de las medidas adoptadas por el Consejo de Ministros extraordinario del pasado viernes y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE): "Se habilita al gobierno de la nación a ejercer las competencias necesarias en materia económica, financiera, tributaria y presupuestaria". Para ello, el departamento que dirige Cristóbal Montoro asume la mayor parte de las competencias de la consejería de Economía y Hacienda del depuesto Oriol Junqueras.

En cualquier caso, la intención de Hacienda es efectuar un control administrativo que no implique ninguna toma de decisión relevante a la espera de que se constituya un nuevo Gobierno autonómico tras las elecciones del 21 de diciembre. Por tanto, el principal cometido será controlar que ningún recurso público se desvía para fines independentistas. Hasta ahora ya retenían alrededor de 1.400 millones procedentes del sistema de financiación que sólo desembolsaban con la debida justificación vía factura avalada por la interventora de la Generalitat. Sin embargo, ahora Hacienda también controlará los tributos propios y cedidos, que suponen cerca de 3.200 millones anuales (unos 260 millones mensuales).

Organismos públicos

Asimismo, también quedarán bajo la supervisión de Hacienda los más de 500 organismos públicos (consorcios, fundaciones o sociedades mercantiles) dependientes de la Generalitat. Entre ellos se encuentra uno de los más polémicos: la Agencia Tributaria de Cataluña. Sin embargo, el Gobierno no tiene intención de suprimir esta institución que los partidos independentistas querían convertir en el embrión de una futura Hacienda catalana. El organismo contaba con 700 empleados en septiembre que no podrían ser sustituidos por funcionarios de la Agencia Tributaria Estatal por falta de personal. Por tanto, Montoro se limitará a supervisar el funcionamiento de este organismo en la recaudación de los impuestos propios.

Eso sí, Hacienda pondrá fin al plan del gobierno de Carles Puigdemont de que los impuestos estatales (IVA, IRPF o Sociedades) se pagaran a través de la Agencia Tributaria de Cataluña. Algo que habían empezado a hacer alrededor de 150 empresas públicas catalanas y que pretendían extender a contribuyentes privados. Unas prácticas que bajo la nueva tutela de Hacienda serán suprimidas.

¿Habrá obstáculos?

Bajo la coordinación de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el Ejecutivo tendrá ocasión de comprobar si encuentra obstáculos a esta intervención, autorizada el viernes pasado por el Senado y que ha supuesto el cese de unos 150 cargos, ya sea directamente o de forma indirecta, como asesores.

De hecho, Sáenz de Santamaría ha pasado el fin de semana analizando la coordinación del Ejecutivo para Cataluña, hablando para ello con diversos colaboradores y en contacto con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, que ha acudido a la manifestación en Barcelona a favor de la unidad de España, se ha mostrado "convencida" de que los funcionarios de la Generalitat estarán "al lado de la ley"

"Confiamos en los funcionarios de la Generalitat. Siempre han demostrado que están al lado de la ley y estamos convencidos que todos los funcionarios de la Generalitat continuarán estando al lado de la ley para preservar el autogobierno, la autonomía y los servicios públicos en Cataluña", ha asegurado.

Consejeros que irán a sus despachos

Un mensaje que llega después de que algunos cargos como Josep Rull, que era conseller de Territorio, anunciaran que acudirán a sus despachos como "ministros" de la nueva "república catalana".

Se desconoce qué hará el cesado vicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, que en un extenso artículo en el diario El PuntAvui no descarta elecciones y asegura que en los próximos días tendrán que tomar decisiones que "no siempre serán fáciles de entender".

Junqueras subraya que Puigdemont "seguirá siendo" el presidente de la Generalitat y Carme Forcadell, la presidenta del Parlament, y aboga "una estrategia compartida" para asentar "gradualmente un nuevo marco de libertades".

"No tenemos ninguna otra opción que seguir hacia adelante, que acumular fuerzas (...), de saber encajar los golpes para volvernos a levantar, sin renunciar nunca a las urnas para validar la república, y preparando a la vez unos futuros comicios municipales que deben ser claves en el asentamiento de esta república", añade.

Tras su declaración desde Gerona, en la que llamó a los catalanes a mostrar su "oposición democrática" a la aplicación del 155, Puigdemont ha guardado silencio en las últimas horas y se ha limitado a colgar una fotografía en Instagram de un grupo de "castellers" con la frase "La fuerza del pueblo" y la etiqueta "#CatalanRepublic".

El secretario de Estado belga de Migración y Asilo, Theo Francken, del partido independentista flamenco N-VA, le ha dicho que tiene la opción de solicitar "asilo político" en Bélgica si corre el riesgo de ser encarcelado, unas palabras de las que se ha desmarcado el primer ministro de Bélgica, Charles Michel.

Querella de la Fiscalía

Y es que la Fiscalía General del Estado tiene previsto presentar la querella que prepara por rebelión contra los artífices de la declaración de independencia aprobada por el Parlamento catalán.

La Fiscalía llevaba semanas preparando una querella por un delito de rebelión -penado con hasta 30 años de cárcel- contra Puigdemont, ante la hipótesis de que proclamara la independencia, pero ahora, una vez que la medida ha sido aprobada por el Parlament.

De ese modo, la querella incluiría, al menos, a los integrantes ahora cesados de su Govern y a los miembros de la Mesa que han permitido la tramitación en el Parlament de la moción por la que se declaró la independencia, según fuentes de la Fiscalía. Aunque según algunas fuentes, unas querellas se presentarán en el Supremo y otras en la Audiencia Nacional.

Los Mossos d'Esquadra han recibido una orden interna para retirar de sus comisarías las fotografías oficiales de Puigdemont y en su caso de cualquier miembro de su Govern, siguiendo el procedimiento habitual cuando hay cambios en el ejecutivo.

Mientras tanto, 1,3 millones de personas, según Sociedad Civil Catalana, se han manifestado en Barcelona a favor de la unidad de España bajo el lema "Todos somos Cataluña", una protesta a la que han acudido los máximos responsables políticos del PPC, Ciudadanos y el PSC.

Tanto Ciudadanos como el PSC y el PP están ya en modo precampaña electoral. De los partidos secesionistas, ni ERC ni el PDeCAT han aclarado si se presentarán, mientras que la CUP no descarta concurrir, aunque la decisión final la tomará su militancia.

La portavoz de Catalunya en Comú, Elisenda Alamany, por su parte, ha rechazado formar parte de un bloque común soberanista, frente al líder de Podem, Albano Dante Fachin, que aboga por una "estrategia compartida" de las fuerzas que rechazan el 155.

A esta última propuesta ha contestado en Twitter en las últimas horas el diputado de ERC en el Congreso Gabriel Rufián, que ha apostado por un "frente amplio constituyente frente al 21-12 autonómico golpista de PPSOEC's".

También se ha conocido que el que hasta era compañero de celda en la cárcel de Soto del Real del presidente de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, pidió ser trasladado porque no aguantaba "su matraca con el tema del independentismo", que le suponía "una doble condena", motivo por el que la prisión le ha concedido el cambio, según han confirmado a Efe fuentes penitenciarias.

También ha trascendido que el Govern de Carles Puigdemont contrató a multinacionales de reconocido prestigio para diseñar la organización del sistema fiscal de una hipotética Cataluña independiente, en lo que invirtió "importantes recursos".