Carles Puigdemont mantiene el pulso. El destituido presidente de la Generalitat compareció, un día después de que la Cámara catalana proclamara la república independiente y de que el Gobierno despidiera a todo el Ejecutivo autonómico y convocara elecciones, para transmitir dos mensajes a la ciudadanía. Por un lado, quiso dejar claro que no se considera cesado y, por otros, llamó a la ciudadanía a la resistencia pacífica para defender las instituciones del autogobierno.

Ni el Gobierno catalán ni los partidos soberanistas quisieron valorar el viernes la decisión de Mariano Rajoy. "Calma" fue la consigna en el independentismo. Pero Puigdemont tuvo que salir a dar una explicación a un independentismo desconcertado. No aclaró el futuro más inmediato, aunque dio alguna pista. De entrada, mostró su "voluntad de continuar trabajando para cumplir los mandatos democráticos"del referéndum del 1 de octubre.

Mientras tanto el reloj electoral ha comenzado a correr. Los partidos que quieran presentarse a las elecciones convocadas para el 21 de diciembre en Cataluña tienen de plazo hasta el 17 de noviembre para inscribirse ante la Junta Electoral.

Puigdemont ignoró que ya no es el presidente de Cataluña lo que era y firmó su declaración institucional como presidente de la Generalitat, informó de su intervención desde la Oficina de Comunicación de la Consejería de la Presidencia del Palau de la Generalitat, membrete oficial incluido, y compareció desde las escaleras de la Delegación de la Generalitat en Girona.

El desafío podía haber sido mayor, pero el destituido jefe del Ejecutivo catalán evitó grabar su discurso desde el Palau de la Generalitat, en la plaza de Sant Jaume de Barcelona, como es habitual porque podría haber incurrido en un posible delito de usurpación de funciones, que se añadiría al de rebelión y/o sedición, cuya querella ultima la Fiscalía para el lunes. "Son los parlamentos los que eligen o cesan los presidentes", afirmó en su discurso.

Puigdemont podría instalarse en la desobediencia, a pesar de que piezas clave de su Ejecutivo, como el director general de los Mossos o el mayor del cuerpo policial hayan acatado a las primeras de cambio su despido. Sus consejeros ratificaron las intenciones de su jefe, y Toni Comín, exconsjero de Salud, y Jose Rull, de Territorio, también expresaron su voluntad de continuar en el cargo.

Un escenario cargado de incertidumbres

El escenario que plantea Puigdemont está cargado de incertidumbres, un rasgo característico de la política catalana en estos meses. El expresidente de la Generalitat pretende hacer efectiva la independencia, cuyos primeros pasos serían poner en marcha el proceso constituyente y tomar el control del territorio, con la dificultad añadida de que ha perdido el control sobre los Mossos.

De ahí que el independentismo siga confiando en la gente. "No hay que subestimar la fuerza del pueblo de Cataluña", dijo Puigdemont hace un mes y olvió a apelar a la ciudadanía de Cataluña para que haga una "defensa" de la república recientemente proclamada. "La mejor manera para defender las conquistas alcanzadas -subrayó- es la oposición democrática a la aplicación del artículo 155", y "debemos hacerlo preservándonos de la represión y de las amenazas, y sin abandonar nunca una conducta cívica y pacífica".

Vuelta a los despachos

Los exconsejeros tratarán de regresar el lunes a sus despachos como si fuera un día normal y será el momento para ver en qué términos se plantea este nuevo pulso con el Gobierno de Rajoy. Y es que está por ver qué tipo de defensa propone el secesionismo de las instituciones de autogobierno. Las continuas apelaciones al civismo y al pacifismo dejan entrever que desde el alto mando independentista se temen, porque se prevén, situaciones similares a las del 1 de octubre, que dejaron más de mil heridos leves por las cargas policiales.

De momento, las plataformas soberanistas, que se han puesto al servicio del presidente de la Generalitat, la consigna que trasladaban a su militancia era que "guardaran energías" porque se avecinan días de lucha. Para empezar, las organismos sindicales soberanistas han llamado a la huelga toda la semana que viene, y en la récamara están los aún no anunciados actos de resistencia para evitar que el Gobierno controle la administración catalana hasta el 21 de diciembre.

Asamblea de Cargos Electos

El otro mecanismo de defensa que ha puesto el secesionismo sobre la mesa es el de la Asamblea de Cargos Electos. La ANC acarica desde hace tiempo la idea de contar con un parlamento en paralelo en el que participarían los diputados secesionistas de la Cámara catalana, de las Cortes de España, del Parlamento Europeo y los alcaldes y concejales, pero ese foro estaba pensado para declarar la independencia. En este caso, con la república ya proclamada, su labor consistiría en asumir la máxima representación institucional de Cataluña, pese a ser una entidad privada, "para completar el proceso de independencia, la confección, aprobación y sanción de las normas jurídicas de la nueva legalidad y la convocatoria inmediata de elecciones constituyentes", según el programa de la ANC. "Ha llegado el momento de la asamblea de cargos electos", afirmó el jueves el presidente de la ANC desde la prisión.

El destituido gabinete de Puigdemont tenía previsto reunirse sin luz ni taquígrafos y no se descartaba que convocara unas elecciones «constituyentes» para finales de año en respuesta a las del 21-D, pero no hizo mención alguna a los comicios en su alocución, pero tampoco a las autonómicas convocadas por Rajoy ni a otras alternativas. Es un tema aún verde, que las fuerzas secesionistas empezarán a encarar este lunes en las reuniones de sus órganos de dirección, pero ya existe un duro debate interno sobre si dan legitimidad o no a la cita electoral del 21-D. Si lo hacen, estarán asumiendo por la vía de los hechos el fin de la república. Pero si las boicotean, como podría hacer la CUP, dejarán el control absoluto de la Cámara para varios años a los grupos constitucionalistas.

19 días para decidir si se presentan a las elecciones

El reloj electoral ha comenzado a correr. Los partidos que quieran presentarse a las elecciones convocadas para el 21 de diciembre en Cataluña tienen de plazo hasta el 17 de noviembre para inscribirse ante la Junta Electoral, según la ley orgánica del régimen electoral (LOREG). Entre las formaciones con representación, Ciudadanos, PSC y el PP ya han confirmado su participación en la contienda electoral.

Las dudas surgen en los cuarteles generales de Esquerra y PDeCAT donde han comenzado a debatir sobre si concurrirán o no a unos comicios autonómicos convocados desde Madrid y, en caso afirmativo, si lo harán juntos o separados. Acudir a la cita con las urnas trasladaría el mensaje a sus bases de que aceptan de nuevo la Constitución y el Estatut y dejan en papel mojado la proclamación la república catalana.

La antigua Convèrgencia es la fuerza que sale peor parada con esta convocatoria: no tiene ni candidato, y sus expectativas electorales son funestas -las últimas encuestan les auguran una caída de más del 50% de votos-. Aún así su presidente, Artur Mas, defendió hace unos días que sería «letal» para el independentismo quedar fuera del Parlamento catalán. Sin embargo, la CUP sugirió que asumiría esta posibilidad y convocaría «una masiva insumisa».

El BOE puso en marcha un ajustado calendario electoral que culminará el 21 de diciembre. Dado que Cataluña no tiene una ley electoral propia y se rige por la normativa estatal, el proceso tendrá que ser supervisado por la Junta Electoral Central. Al ser en día laboral, la legislación permite a los asalariados disponer de cuatro horas remuneradas durante la jornada de trabajo para ejercer su derecho a voto, igual que los miembros de mesas electorales durante toda la jornada.

Campaña electoral

La normativa electoral es muy estricta con respecto a los plazos y procedimientos que deben cumplir tanto los partidos como las coaliciones que quieren concurrir a las urnas.La campaña electoral, como siempre, será de quince días y comenzará el 5 de diciembre para acabar a las 00:00 horas del día 19. El 20 será la jornada de reflexión.

Los catalanes residentes en el extranjero tienen hasta el próximo 22 de noviembre para solicitar el voto en virtud del censo específico de ausentes en el exterior, mientras que los residentes en territorio nacional que no vayan a acudir al colegio electoral tendrán de plazo hasta el 17 de diciembre para hacerlo por correo. Establece, además, que en el plazo de una semana, los ayuntamientos deberán comunicar a las juntas electorales los emplazamientos para que los partidos coloquen carteles, pancartas y banderolas.

No obstante, las formaciones que vayan a ir en coalición deberán comunicarlo antes del 7 de noviembre. Este límite del calendario mete más presión aún a ERC y PDeCAT. Tienen diez días para decidir si reeditan la coalición Junts pel Sí en caso de que, primero, decidan concurrir al 21-D. La misma fecha que tiene Podem, la marca catalana de la formación que lidera Pablo Iglesias para decidir si reedita su coalición con Catalunya Sí que es Pot. Todas las candidaturas que vayan a concurrir a las elecciones serán finalmente publicadas el 21 de noviembre, un mes antes de la cita con las urnas.