Gobierno frena la expulsión de los agentes y el fiscal investiga el acoso es "delito de odio"
Este pasado lunes algunos agentes fueron expulsados de algunos hoteles en Cataluña.
La Fiscalía ha abierto diligencias para averiguar si la expulsión de policías y guardias civiles de los hoteles de Calella y Pineda de Mar (Barcelona) constituye un delito de odio, en tanto que el Gobierno ha ordenado a los agentes que no abandonen ningún establecimiento hotelero siempre que haya contrato en vigor.
El Ejecutivo y el Ministerio Público han reaccionado ante el "acoso" que están sufriendo los agentes destinados en Cataluña tras las cargas policiales del 1-O, en concreto contra la decisión de los hoteles de esas dos localidades de forzar su salida y contra la posible implicación de los "responsables municipales" en esa decisión.
La Fiscalía General del Estado está analizando si procede iniciar actuaciones penales respecto de las expulsiones de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que se produjeron este lunes en diferentes hoteles de Cataluña, según han informado fuentes de este organismo.
Tras recibir la información sobre estos hechos, el Ministerio Público estudia si existen indicios de amenazas u otras presiones ilegales sobre los responsables de esos locales o los trabajadores de los mismos.
Cientos de personas salieron este lunes a la calle en diferentes puntos de Cataluña, incluyendo la Jefatura Superior de Policía en Barcelona, para lanzar consignas como "fuera las fuerzas de ocupación" y prensa "manipuladora" o "asesina" en una tarde-noche de acoso independentista en el que se vivieron persecuciones y escraches contra agentes de las fuerzas de seguridad del Estado que participaron en el dispositivo para frenar el referéndum del 1 de octubre suspendido por el Tribunal Constitucional.
La ira de diferentes grupos independentista tuvo varios 'puntos calientes' como Calella, donde la noche del 1 de octubre un grupo de personas se concentró en diferentes hoteles donde descansaban guardias civiles para insultarles durante horas, lo que provocó que los agentes fueras reubicados en otras instalaciones. Otros lugares con situaciones similares fueron Reus, Pineda del Mar y Lérida.
Las protestas se llevaron a cabo durante la tarde-noche del lunes "en una perfecta coreografía marcada por la provocación y las amenazas explícitas", según explican fuentes policiales, subrayando que se convocó por "grupos minoritarios pero muy radicalizados" para llenar las calles en la jornada intermedia entre el referéndum ilegal del domingo y el llamado "paro de país" convocado este martes.
