Un divorcio de alto coste

Los estudios sobre los fenómenos de la desintegración de mercados que nacen de la secesión son muy escasos. Además, en el caso de Cataluña, al tratarse de un proceso en marcha, no hay ‘estudios definitivos’ sino aproximaciones analíticas con frecuencia muy dispares.

En este sentido, ambas partes en conflicto, el Gobierno español y el catalán, han elaborado documentos absolutamente antagónicos. Sin embargo, experiencias secesionistas anteriores sí que permiten concretar algunos de los efectos que previsiblemente la independencia tendría para los ciudadanos de Cataluña:

-Fronteras. La secesión conlleva la aparición de barreras comerciales donde antes no existían, dando lugar al denominado ‘efecto frontera’.

-Unión Europea. El obligado abandono de la UE daría lugar a una intensa inestabilidad macroeconómica que ahondaría, al menos durante cierto tiempo, los efectos críticos de la reducción de la actividad productiva. Por eso, los secesionistas han insistido en que una hipotética Cataluña independiente no se quedaría fuera de la UE. No hay ninguna prueba de que eso fuera a ser así, sino todo lo contrario, pues lo han proclamado repetidamente los dirigentes europeos.

El mismo día que declarase la independencia, Cataluña quedaría automáticamente fuera de la Unión, con todo lo que esto supone: aranceles, caída de su balanza comercial, fin de la libertad de movimientos de personas y capitales, imposibilidad de acceso al Banco Central Europeo (BCE) y pérdida de los fondos europeos. En principio, permanecería fuera de la Unión porque su reingreso exigiría el voto unánime de todos los Estados miembros. Podría negociar un tratado de asociación que evitase restablecer aduanas y aranceles, como hicieron Noruega y Suiza. Para su componente comercial no haría falta la unanimidad, pero las negociaciones podrían prolongarse por tiempo indefinido.

Una Cataluña independiente podría usar el euro, puesto que hay países que no pertenecen a la UE y lo utilizan (Andorra, Mónaco, Suiza), pero tendría que someterse a la disciplina financiera del euro sin participar en la política monetaria común, lo que podría ser muy negativo, como le ocurrió a Argentina con la dolarización de su economía.

-Gobernanza. La independencia implica disponer de mucho dinero para constituir un Estado y ejecutar las competencias que le son propias, tanto las clásicas (administración de justicia, defensa, relaciones internacionales y obras públicas) como las vinculadas a la preservación del estado del bienestar (sanidad, educación, pensiones, prestaciones de desempleo y asistencia a los desfavorecidos), así como las relacionadas con la intervención en ámbitos de la economía sujetos a fallos del mercado.

-Empresas. Los empresarios, al igual que los inversores y los autónomos, buscan estabilidad política y seguridad jurídica para realizar sus negocios. Por ello, la amenaza de desconexión les ha generado una gran preocupación. Una parte del empresariado, poco a poco, ha ido levantando la voz para reclamar una solución. De hecho, algunos han paralizado inversiones o realizado deslocalizaciones.

El empresariado no tiene una postura unánime. Mientras que los pequeños y medianos, cuyo mercado está mucho más centrado en Cataluña, podrían aceptar un Estado catalán independiente, los grandes son más escépticos y han formulado su oposición o sus dudas. Ha surgido una gran incertidumbre por aquello de lo que Josep Pla ya advirtió pensado en la necesidad de mercados: "El catalanismo no debe prescindir de España porque los catalanes fabrican muchos calzoncillos, pero no tienen tantos culos".

-Inversiones y multinacionales. En caso de secesión, durante un periodo indeterminado las inversiones extranjeras buscarían enclaves con más seguridad jurídica. De hecho, algunos países como EE. UU. ya se han manifestado a este respecto. Cataluña pasaría a convertirse en un estado con menor interés para los inversores tanto por la incertidumbre como por no formar parte ya de un país de 46 millones de consumidores. España es el mercado natural de Cataluña y esto lo saben tanto las empresas catalanas como las multinacionales.

-Banca. Los dos grandes bancos catalanes (Caixa Bank y Banco Sabadell) comunicaron en 2014 a inversores internacionales que, en caso necesario, trasladarán su sede social fuera de Cataluña con el fin de asegurar los intereses de accionistas y clientes. Solo así se asegurarían el acceso a las subastas de liquidez del BCE, que son claves para su actividad bancaria, y mantendrían a sus clientes bajo la protección del Fondo de Garantía de Depósitos nacional y europeo.

-Deuda. Cataluña ha disparado su deuda en casi 60.000 millones durante la última década. Es, sin duda, la comunidad que más ha aumentado su pasivo y con gran diferencia, según los datos del Banco de España. Los economistas de la agencia Standard & Poor’s consideran que el peso de la deuda es "muy alto", con unos pasivos sobre ingresos del 319%. Esto es: la deuda que tiene es tres veces lo que ingresa, una ratio que solo supera Valencia.