Los independentistas asumen que la votación de hoy no será todo lo caudalosa que anhelaban. Si participa un millón de personas, de un censo de 5,3 millones, "sería un éxito desbordante", admitió Jordi Sánchez, el líder de la Asamblea Nacional Catalana. La Generalitat y las fuerzas soberanistas achacan ese nivel de participación al cerco de las fuerzas de seguridad y a las órdenes judiciales, que han acabado por desactivar buena parte de los planes de la consulta.

Irán a votar "los ‘indepes’ muy convencidos", confesaba con un deje de amargura uno de los dirigentes de la ANC, que pese a todo calificaba de "éxito" la movilización de profesores, alumnos, padres y vecinos en los colegios electorales de la pasada madrugada y que continuaba ayer.

Un millón de votantes es una cifra muy por debajo de las expectativas manejadas en privado por el Gobierno de Carles Puigdemont y el movimiento separatista. En la consulta del 9 de noviembre de 2014, promovida por el Ejecutivo de Artur Mas y tolerada por el de Mariano Rajoy, participaron 2,3 millones y la victoria del ‘sí’ a la independencia fue abrumadora, con el 81% de las papeletas a favor. En esta ocasión, el objetivo era movilizar al menos al 50% del censo, algo más de 2,6 millones de personas.

Un listón que, a la luz de las palabras de Jordi Sánchez, está muy lejano. Claro que algún dirigente independentistas, sorprendido por esa proyección, apuntó la posibilidad de que hayan puesto la venda antes de la herida, y han rebajado las expectativas para "vender como un triunfo" todo lo que sea sobrepasar esa cifra aunque no se alcancen los niveles del 9-N.

Cartas ocultas

Está por ver ahora si esos cálculos del millón se hacen realidad y la Generalitat considera que una participación de menos del 20% de censo es suficiente para dar por válida la consulta y sustenta una declaración unilateral de independencia. El Ejecutivo de Puigdemont nunca ha mostrado sus cartas en lo que a porcentaje de participación se refiere y la anulada ley del referéndum tampoco fija un mínimo para validar la votación.

El líder de la ANC culpó de las magras proyecciones "al sitio" que vive Cataluña por la presencia –unos 10.000 agentes– de la Policía y la Guardia Civil, con unidades enviadas desde distintos puntos de España, aunque por la calle solo se ve a los Mossos y a las guardias municipales de las distintas poblaciones. Responsabilizó asimismo de las dificultades para el "heroico" hecho de ir a votar a las resoluciones del Tribunal Superior de Cataluña, que, como se admite en el Ejecutivo de Puigdemont, ha gripado la logística de la consulta.

Preparativos que ayer recibieron un severo mazazo con la entrada de la Guardia Civil en el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información en Hospitalet, población aledaña a Barcelona, para intervenir una treintena de aplicaciones tecnológicas y bases de datos destinados al recuento de votos y a la coordinación entre los colegios electorales. La operación policial, además de frustrar el voto por internet –que era una de las bazas escondidas–, entorpecerá y ralentizará el escrutinio.

Salvo que la Generalitat aporte a última hora un nuevo sistema, el recuento tendrá que hacerse a mano y comunicar los resultados por teléfono, ya que no habrá posibilidad de ‘volcar’ los datos en ninguna base. "Como en la primera mitad del siglo XX", remarcó el ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, para quien el referéndum ha quedado "anulado" con esta actuación policial. En absoluto, replicó su homólogo de la Generalitat, Jordi Turull, pero que ayer no explicó qué alternativa manejan.

Pocos colegios abiertos

Tampoco contribuyó a alimentar las esperanzas independentistas la cifra de colegios ocupados que dio la Delegación del Gobierno, 163 de los 1.600 visitados por los Mossos tenían profesores, alumnos, padres y vecinos instalados en el centro. Una proyección de esos números establece que apenas el 12% de los 2.315 colegios electorales escogidos por la Generalitat atendieron el llamamiento de instalarse en las escuelas e institutos. Ni la Generalitat ni las plataformas soberanistas rebatieron el dato. Algo inusual porque lo habitual es que el Gobierno de Puigdemoint contraponga sus números a los que ofrece la administración central.

Todo ello contribuyó a enrarecer una jornada de calma chicha previa a la votación, en la que los protagonistas en la calle no fueron esta vez los soberanistas. El centro de Barcelona se vio sorprendido por la tarde por una manifestación contra la consulta y a favor de la unidad de España que congregó a varios miles de personas –la Guardia Urbana tampoco dio cifras, aunque siempre lo hace con las concentraciones independentistas–, que llegó hasta el Palau de la Generalitat en la plaza de Sant Jaume con banderas de España y las casi desaparecidas ‘senyeras’ cuatribarradas. Aunque hubo momentos de tensión, la Policía no reseñó incidentes destacables. La marcha iba encabezada por una pancarta con el lema ‘Catalunya es España’, y los gritos más coreados fueron "Puigdemont a prisión"; "Trapero dimisión"; "separata el que no bote" o "‘no votarem’".

Una tranquilidad que puede saltar por los aires esta madrugada. En muchos colegios electorales ocupados daban por cierto que "vendrá la Guardia Civil" a desalojarles y los ánimos eran de plantar cara. La plataforma Escoles Obertes pidió redoblar la presencia en los centros electorales, citó a sus 60.000 voluntarios y a todo el que quisiera apuntarse a las 5.00 frente a las escuelas e institutos para impedir el cierre.

Una tarea en la que los Mossos ponen el empeño justo. Los agentes de la Policía catalana han visitado cada tres o cuatro horas los colegios para rellenar un formulario sobre las actividades que se desarrollaban y se iban. Tienen además un protocolo de actuación con una casuística amplia para no precintar los centros. Solo con que se nieguen con vehemencia los ocupantes, haya niños o ancianos o se prevea la posibilidad de altercados son razones para incumplir la orden de cierre.