El Gobierno lleva al TC la Seguridad Social que pretende crear la Generalitat

El Consejo de Ministros ha acordado este viernes llevar al Tribunal Constitucional la Ley de la Agencia de Protección Social de Cataluña con la que a juicio del Gobierno la Generalitat pretende crear un organismo autónomo de sanidad y seguridad social. El Ejecutivo solicita además la suspensión de la norma mientras se resuelve el recurso.

Además, recurrirá también al TC siete artículos de la Ley catalana de protección del derecho a la vivienda, en línea con el recurso presentado contra normas similares de otras autonomías, y la ley de voluntades digitales de Cataluña.

En este último caso, el portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, ha asegurado que el Ejecutivo solicitó constituir comisión bilateral para negociar un acuerdo, pero que la Generalitat se negó, por lo que el Consejo de Ministros ha decidido llevar el asunto al Constitucional.

Embrión de seguridad social

Con respecto a la primera norma en cuestión, el Gobierno interpreta que la agencia de protección social que pretende crear la Generalitat es una de las estructuras de Estado que impulsa como parte del proceso secesionista.

"Supone la creación de un organismo autónomo de carácter administrativo, con personalidad jurídica propia, capacidad de obrar y de organizarse, y que actúa con plena autonomía presupuestaria y funcional", explica el Ejecutivo, que entiende que implica por tanto la vulneración de las competencias estatales en materia de sanidad y seguridad social.

El Gobierno asegura que la Generalitat tiene competencias en materia de sanidad, seguridad social y asistencia, pero las pretensiones de la citada Agencia van más allá y afectan a los asuntos reservados al Estado en lo relativo a las bases y coordinación general de la sanidad y a la legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social.

Protección del derecho a vivienda

El Consejo de Ministros ha decidido también interponer un recurso de inconstitucionalidad contra determinados preceptos de la ley de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial.

La ley se aprobó en diciembre del año pasado y el Gobierno y la Generalitat negociaron para evitar el litigio pero no llegaron a un acuerdo. El Gobierno ha decidido recurrir y solicitar también la suspensión de la norma.

Este recurso sigue la línea de otros presentados ante normas similares de varias comunidades autónomas, que han tratado de legislar para evitar desahucios. En el caso catalán, el Gobierno impugna siete artículos de la ley que regulan la mediación para situaciones de sobreendeudamiento, la expropiación temporal de viviendas vacías por causa de interés social y expropiación de uso, el sistema de realojo de determinadas personas o unidades familiares en riesgo de exclusión residencial y la regulación de arrendamientos urbanos en Cataluña.

En dichos preceptos "se aprecia una vulneración de las competencias del Estado previstas en el artículo 149 de la Constitución Española como la legislación procesal y civil, así como las competencias sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica", argumenta el Gobierno.

Del mismo modo, se considera que se están vulnerando las competencias del Estado en materia de igualdad de los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.