El pleno del Tribunal Constitucional ha suspendido de forma cautelar la convocatoria del referéndum catalán de independencia del 1 de octubre al admitir a trámite los cuatro recursos presentados por el Gobierno contra las resoluciones adoptadas estes miércoles por el Parlament y el Govern.

El TC, a instancias del Ejecutivo, ha decidido notificar esta decisión a todos los miembros del Govern y a más de 60 altos cargos de la Generalitat; a la Mesa del Parlament; a los 947 ayuntamientos catalanes; a los responsables de los Mossos y a los medios públicos catalanes, entre otros.

En una decisión adoptada por unanimidad, les recuerda a todos ellos la obligación de obedecer a la prohibición y se les apercibe de que, en caso de no hacerlo, se enfrentan a responsabilidades incluso penales.

El tribunal ha acordado la notificación personal de la resolución a esos más de mil cargos públicos y les avisa de su "deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada".

No obstante, no ha atendido a la petición del Ejecutivo de deducir testimonio (pedir la apertura de la vía penal) contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, los consejeros firmantes de la convocatoria y la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.

En cualquier caso, la Fiscalía ha anunciado que prepara una querella los miembros del Ejecutivo catalán y otra contra los de la Mesa del Parlament que permitieron la tramitación de la ley.

Las resoluciones suspendidas son la ley del referéndum, el propio decreto de convocatoria del referéndum, la resolución de la Cámara catalana por la que se ha designado a cinco miembros de la Sindicatura Electoral, y las normas complementarias que acompañan el decreto de convocatoria.

La suspensión cautelar de esas resoluciones es automática una vez que el Tribunal Constitucional -reunido esta tarde durante hora y media- ha admitido a trámite los escritos del Gobierno.

Ahora bien, ni la admisión a trámite ni la suspensión cautelar determinan cuál será el sentido del fallo sobre el fondo de todos los asuntos, aunque el Gobierno central ha pedido la nulidad de todos ellos.

Estas decisiones se han adoptado menos de 24 horas después de la convocatoria del referéndum. Hoy mismo, el TC ha admitido a trámite un incidente de ejecución de sentencia contra la admisión a trámite de la ley del referéndum y ha rechazado de plano la recusación presentada por Forcadell contra sus miembros.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha explicado al término de un Consejo de Ministros extraordinario que cada uno de los recursos (que han recibido el aval previo del Consejo de Estado) era "obligado" porque vulneran hasta ocho artículos de la Constitución y otros tres del Estatuto de Autonomía.

En sus escritos remitidos al TC, el Ejecutivo subraya la extraordinaria relevancia constitucional de sus impugnaciones ante una "de las mayores afrentas de la Constitución española que por parte de un Parlamento autonómico puede concebirse en un Estado democrático y de derecho".

A su juicio, se ha cometido "una vulneración flagrante y gravísima del sistema constitucional, un gravísimo atentado al orden constitucional" con una actuación que "solo puede calificarse de antidemocrática y no solo porque el pueblo catalán no es soberano, sino porque su regulación carece de todo tipo de garantías democráticas y legales".

Critica el Gobierno que la ley del referéndum se establezca "como una ley suprema" que prescinde de la Constitución y recuerda que "no cabe en los estándares europeos regular y convocar un referéndum excepcional y atribuir a la ley prevalencia jerárquica sobre todas las normas con las que pueda entrar en conflicto".

Asimismo, acusa a sus promotores de tratar "de engañar a los funcionarios, autoridades y personas físicas y jurídicas" que colaboren con la ley bajo "el burdo recurso de hacerles creer en la validez y obligatoriedad de una legalidad catalana al margen de la Constitución y del ordenamiento jurídico", algo que -advierte- "no es sino papel mojado".

El Gobierno sostiene que la convocatoria del 1-O vulnera abiertamente el Estatuto catalán y la Constitución, "pretendiendo subvertir el ordenamiento jurídico de aplicación en Cataluña".

Denuncia una vulneración del Estado de derecho, "sin respeto alguno por la separación de poderes, y con incumplimiento manifiesto de sentencias judiciales", al objeto de "imponer un proyecto excluyente que divida a la sociedad catalana".

Y además, constituye "un incumplimiento frontal por parte del Gobierno de la Generalitat de las advertencias previas del TC, cuyo mandato era claro, directo y tajante". Es decir, un "frontal desacato" a lo dispuesto por el tribunal.

Por ello, quería que el TC abriera el camino para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, y al resto de los miembros del Govern, además de a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, algo que, de momento, el tribunal ha preferido no hacer.

En su impugnación de la Sindicatura Electoral, el Gobierno asegura que se trata de un órgano contrario a la Constitución y también antidemocrático.

El Gobierno afirma que "la principal característica" de esta Sindicatura es que está exenta de control judicial, "de modo que se afirma que con sus resoluciones se agota la vía de impugnación en todos los ámbitos".

Esto, se destaca en el documento, "es una prueba más del carácter antidemocrático de la norma aprobada, que prescinde de una de las garantías fundamentales del Estado de derecho, como es el control judicial de los poderes públicos".