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La ley de transitoriedad catalana prevé la doble nacionalidad, el control de fronteras y la expulsión del Ejército

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el secretrio general del PSOE, Pedro Sánchez, unen fuerzas contra el desafío soberanista.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont (d), su vicepresidente, Oriol Junqueras (c), y el conseller de Presidencia, Jordi Turull
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont (d), su vicepresidente, Oriol Junqueras (c), y el conseller de Presidencia, Jordi Turull
Efe/Marta Pérez

Junts pel Sí y la CUP han registrado en el Parlament la Ley de Transitoriedad Jurídica, la más importante de las llamadas leyes de "desconexión" y que ambos grupos han pactado aprobar antes del referéndum del 1 de octubre, pese a que ha recibido el rechazo frontal de Gobierno y oposición.

Bautizada finalmente como Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, la futura proposición de ley entrará en vigor únicamente en caso de que ganara el 'sí' a la independencia en el referéndum previsto por el Govern para el 1-O, con el objetivo de crear un marco legal alternativo al español.

Presentada ante la prensa por Lluís Corominas y Jordi Orobitg, de JxSí (PDecAT y ERC), y Benet Salellas y Gabriela Serra, de la CUP, la ley pretende dar la cobertura jurídica al periodo posterior a un eventual triunfo del 'sí', por lo que entraría en vigor entre el 2 de octubre y la aprobación de una hipotética "constitución catalana", según la planificación de los soberanistas.

Corominas, jefe de filas de JxSí, ha recalcado que esta ley de "ruptura" otorga un carácter "vinculante" al eventual referéndum y proporciona un "marco jurídico claro", mientras que Salellas ha resaltado que la ley "dinamita cualquier intento" de abrir un nuevo "procesismo", que concluirá "de forma definitiva" si gana el 'sí'.

Lo que sí han dejado claro JxSí y la CUP es que la aprobación de la ley se producirá antes del referéndum del 1 de octubre, lo que supone que el PDeCAT, partidario de aprobarla tras la consulta, ha acabado cediendo finalmente a las pretensiones de ERC y la CUP.

Con 89 artículos y tres disposiciones finales, la proposición de ley se convertiría en la "norma suprema" hasta la aprobación de la nueva "constitución catalana" y las elecciones posteriores, una "transición" que tendría un plazo aproximado de un año.

El articulado prevé aspectos como amnistiar a los condenados o investigados por el proceso soberanista -no por corrupción, según la CUP-, que el presidente de la Generalitat sea el jefe de Estado o permitir a los ciudadanos mantener la doble nacionalidad española.

El Ejército español, por su parte, debería abandonar Cataluña, cuyas aduanas pasarían a ser controladas por la Generalitat; se continuarían aplicando en Cataluña las normas del derecho de la UE, derecho internacional general y tratados internacionales; y el personal del Estado que preste sus servicios en Cataluña se integraría en la administración pública catalana en mismas condiciones retributivas y empleo, salvo renuncia.

La Generalitat sería la única "autoridad" tributaria; la asunción de la deuda se dejaría a la eventual fase de negociación con el Estado; se mantendrían los derechos lingüísticos de catalán, castellano y occitano; y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se convertiría en Tribunal Supremo de Cataluña.

Y, entre otros puntos, el Fiscal general de Cataluña sería nombrado por el Parlament y no por el Govern; se crearían instituciones judiciales como la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, similar al Consejo General del Poder Judicial; se eliminaría la jurisdicción militar; y jueces, magistrados, letrados y fiscales podrían seguir en sus plazas, si no renuncian a ello.

Y se establece el calendario a seguir en un proceso constituyente con tres fases tras el 1-O: una inicial proceso participativo; unas elecciones constituyentes y elaboración de una propuesta de Constitución por parte de una Asamblea Constituyente; y, como última fase, ratificación de la constitución mediante un referéndum.

Reacciones

La reacción no se ha hecho esperar y, tras la presentación de la ley, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder del PSOE, Pedro Sánchez, han conversado telefónicamente y se han comprometido a "instrumentalizar una posición conjunta de respuesta a este desafío del soberanismo", según han explicado los socialistas.

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, han hablado también sobre el asunto.

Desde Moncloa, según fuentes consultadas, se ha advertido de que dicha ley "nunca entrará en vigor", ya que seguirán respondiendo a los "intentos" del independentismo de "vulnerar" la Constitución, y ha acusado al Govern de no tener "ningún mínimo resto de sensatez, moderación o responsabilidad institucional".

También la oposición del Parlament ha mostrado su rechazo, empezando por el PPC, cuyo líder, Xavier García Albiol, ha ido más allá y ha defendido aplicar el artículo 155 de la Constitución, que prevé la suspensión temporal de la autonomía, si los independentistas buscan "perpetrar un golpe de Estado".

Supuesto que, para la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, no será necesario, al augurar que la norma será anulada antes, al tiempo que ha opinado que los independentistas pretenden "pasar pagina" tras expresar "su rechazo a España antes que al terrorismo" en la concentración del sábado tras los atentados.

Para el líder del PSC, Miquel Iceta, la presentación de la ley es un "nuevo engaño de un proceso engañoso", ya que en el 1-O no se celebrará en Cataluña ningún referéndum "efectivo, vinculante y con garantías", ni al día siguiente "habrá una república catalana".

Y las críticas también han llegado desde Podemos, cuyo secretario de Sociedad Civil y Movimientos Sociales, Rafa Mayoral, ha opinado que "no es el camino", y aunque el próximo 1-O se producirá "una movilización social legítima" no se trata de un referéndum que pueda "legitimar" un cambio en el estatus jurídico de Cataluña.

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