La Junta iba a tutelar a la niña de 4 años de Valladolid un día antes de su muerte

La consejera de Familia de Castilla y León, Alicia García, ha defendido este lunes la actuación de los Servicios Sociales en el caso de la niña de 4 años que murió, supuestamente tras sufrir maltrato y abusos sexuales, y ha explicado que la Junta iba a asumir su tutela un día antes del fallecimiento.

La decisión de tutelar a la menor y a su hermana se adopta el 2 de agosto "no porque se piense o se tengan indicios de que pueda existir un riesgo vital para las niñas, que hasta ese momento no se desprendía de nada de lo que se conocía por ninguno de los diversos profesionales de los distintos ámbitos que habían tenido conocimiento del acaso", ha manifestado.

La decisión de toma "por la negligencia de la madre en la atención doméstica de sus hijos y por su falta de colaboración con los servicios sociales", ha aclarado la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades en la Comisión Extraordinaria correspondiente de las Cortes autonómicas.

La consejera ha comparecido a petición propia, para informar sobre las actuaciones de los Servicios de Protección a la Infancia de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Valladolid en relación con la menor de 4 años que falleció el pasado 3 de agosto, un caso por el que se encuentran presos la madre de la pequeña y su pareja.

"Nadie, ni los profesionales que anteriormente habían conocido el caso", en concreto la Policía, la Fiscalía y la autoridad judicial, "ni el entorno cercano a las niñas (tíos maternos), pensaba que alguien pudiera atentar contra la vida de Sara" -la menor que falleció-, ha asegurado la consejera.

Ha destacado que el caso se situó en un primer momento en un supuesto de violencia de género -sufrida por la progenitora por parte de su expareja- y ha subrayado que "la separación del menor de su familia es, sin duda alguna, la medida más extrema de protección", que se adopta cuando se detecta un riesgo "grave e inminente" para su integridad.

Ante un posible caso de violencia de género, los protocolos prestan especial atención a que "no se considera medida adecuada la separación de los hijos de la madre víctima".

No obstante, los profesionales detectaron contradicciones que pudieran suponer la ocultación de algún dato en el cuidado doméstico de las menores y decidieron acordar visitas al domicilio.

Contactaron varias veces con la progenitora y fueron a la casa, pero la madre apeló a motivos laborales para no acudir y puso dificultades, lo que interpretaron los servicios sociales como signo "inequívoco de falta de colaboración".

El 2 de agosto se decide la asunción de la tutela por parte de la Junta, pero cuando llaman a la madre para citarla y comunicárselo, la progenitora les dice que estaba en el hospital con Sara y que la pequeña se encontraba en parada cardiorrespiratoria, falleciendo al día siguiente.