El abogado Adolfo Alonso, que representa a la expareja de Juana Rivas, la cual permanece en paradero desconocido tras incumplir la orden judicial de entregar a sus hijos al padre --condenado en 2009 por un delito de lesiones contra ella-- ha solicitado al Juzgado que tome medidas urgentes para proteger a los menores, entre las que se incluyen una orden de detención con difusión internacional para su ingreso en prisión.

El escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, fue presentado el jueves ante el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada y en él se pide la puesta en marcha de una serie de medidas en el ámbito civil y penal "sin mayor dilación" a tenor del "riesgo objetivo" en el que se encuentran los menores, solicitando su "envío urgente" al Juzgado de guardia para el inicio de acciones penales; así como que el mes de agosto sea hábil para esta causa.

El letrado del padre se refiere, entre otros, a delitos de desobediencia a la autoridad judicial; de sustracción interparental de menores, de violencia psicológica habitual contra los hijos y a un delito contra la administración de justicia, considera autores de este último tanto a Juana Rivas como a aquellos que pudieran haber participado en los hechos como "inductores", "colaboradores" o "encubridores".

Junto a ello, alude a que Juana Rivas se encuentra en un estado psicológico de "desequilibrio emocional" y por lo tanto "presenta un riesgo para su hijos, ya que sus comportamiento son imprevisibles y puede dirigirlos contra éstos".

El exmarido de Juana Rivas también la acusa de un delito de violencia psicológica continuada contra él derivada de la sustracción de los menores, a los que habría inducido "ideas falsas".

El abogado Adolfo Alonso sostiene que "la gravedad de los hechos" y la "alarma social" que la madre está generado conllevan que la orden de localización no sea "suficiente", por lo que cree que "no queda más alternativa para proteger a los menores" que Juana Rivas sea detenida.

También pide que sea requerida para que manifieste si tiene permiso de armas y proceda en su caso a su depósito, además de que, ya en el ámbito civil, se ordene a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para que sigan buscando a los niños a fin de que sean entregados al padre.