Los Grupos del PSOE y de Unidos Podemos en el Congreso han propuesto incluir la reforma de la Ley del aborto en sus votos particulares al informe de la subcomisión del pacto de Estado contra la violencia machista.

La oposición ha formulado 56 votos particulares -veinte firmados por el PSOE, 34 por Unidos Podemos, uno por Ciudadanos y otro por Compromís- al documento que se votará mañana en la Comisión de Igualdad del Congreso.

Tanto el PSOE como Podemos han coincidido en defender la modificación de la Ley del aborto para que las menores de 18 años víctimas de violencia de género o intrafamiliar no necesiten el consentimiento de sus progenitores o representantes legales para interrumpir su embarazo.

En el marco de un debate amplio para vincular prostitución y trata, los socialistas también han apostado por penalizar el alquiler de habitaciones para la práctica de sexo de pago, introducir la penalización del proxenetismo lucrativo y sancionar la demanda y compra de prostitución.

Otra de sus propuestas está dirigida a incluir la "explotación reproductiva" o gestación subrogada como "una forma más de violencia contra las mujeres".

Entre sus iniciativas, figura la modificación del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para excluir a las testigos, víctimas de violencia de género, de ser dispensadas de la obligación de declarar en contra de sus maridos o parejas de hecho.

El PSOE ha defendido, además, las reformas legislativas pertinentes para evitar el uso de la custodia compartida impuesta o preferente como "un instrumento de chantaje a las mujeres y a las víctimas de violencia de género".

Igualmente, ha exigido que se eliminen los obstáculos que dificultan o impiden hacer efectivo el derecho a una reparación del daño adecuada y a una indemnización integral y proporcional a la gravedad de la conculcación de los derechos de las víctimas de violencia de género.

Los socialistas abogan, asimismo, por considerar el impago de las pensiones de alimentos y el control de los recursos familiares como violencia patrimonial o económica.

Los grupos de la oposición han reivindicado un refuerzo de los mecanismos de seguimiento y evaluación del pacto de Estado -con una dotación presupuestaria de 1.000 millones de euros en cinco años- para conocer el impacto de las doscientas medidas acordadas y proceder a su rectificación en caso de que se desvíen de los objetivos propuestos.

Ciudadanos ha exigido que el futuro pacto de Estado obligue a las administraciones y asociaciones a justificar los proyectos que piensen sufragar con fondos públicos y que posteriormente sea evaluada la eficacia de los mismos, antes de que opten a una nueva dotación.

Para Unidos Podemos, una de las "insuficiencias más graves" del texto es "la falta de garantías económicas" para materializar las medidas de acuerdo a un calendario concreto, lo que dificultará el seguimiento, control y evaluación de su ejecución.

En otro voto particular, la formación morada considera necesario superar la Ley integral contra la violencia de género del año 2004 y generar un nuevo marco legislativo para luchar contra todas las formas de violencia hacia las mujeres.

Su objetivo es ampliar el concepto de violencia de género a todas las formas de violencia machista recogidas en el Convenio de Estambul: violencia psicológica, física y económica, acoso, violencia sexual, mutilaciones genitales femeninas, aborto, esterilización forzosa, matrimonio forzado y crímenes "de honor".

La elaboración de una ley marco que incluya todas las tipologías de violencia machista es uno de los ocho puntos que Compromís considera que hay que incorporar al documento para que "pase del suficiente al notable".

Otras iniciativas de Compromís están orientadas a equiparar las indemnizaciones de las víctimas de la violencia machista con las del terrorismo y a permitir a la Administración Local la contratación de personal para garantizar el correcto desarrollo de las actuaciones de lucha contra el maltrato.