Las comunidades gobernadas por el PSOE han rechazado este jueves las advertencias del ministro Cristóbal Montoro para que apoyen el nuevo modelo de financiación autonómica, pues sin su concurso será "imposible", ha dicho, y por ello, le han exigido que no busque "excusas" y lidere la reforma con propuestas concretas.

El debate sobre cómo plantear la negociación acerca del nuevo sistema de financiación autonómica se ha erigido en el asunto central de un Consejo de Política Fiscal y Financiera (el tercero en un mes) que ha aprobado los objetivos de déficit y deuda para cada una de las autonomías.

De cara al periodo 2018-2020, las comunidades tendrán que llegar a un déficit del -0,4 % del PIB el año que viene, al -0,1 % en 2019 y al equilibrio presupuestario en 2020.

En cuanto a la deuda, las comunidades no podrán rebasar el 24,1 % de su PIB en 2018, el 23,3 % en 2019 y el 22,4 en 2020.

Las cifras han salido adelante por el voto de calidad del Gobierno, a cuya propuesta se han sumado sólo las comunidades que gobierna el PP, las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla y Canarias.

Pero las gobernadas por el PSOE (siete, ya que Extremadura ha convertido en "no" la abstención del Consejo anterior), más Cataluña y Cantabria, han dejado clara su oposición a los números que maneja el Gobierno, de modo que se ha vuelto a visualizar la brecha existente en estos momentos entre los dos principales partidos con representación parlamentaria y con gobiernos regionales.

Y esa brecha puede condicionar la negociación para la reforma del modelo de financiación autonómica, que es la fase que se espera ahora una vez han cumplido su trabajo las comisiones de expertos creadas por el Gobierno y las comunidades a raíz de la Conferencia de Presidentes de enero.

Los 'sabios' entregaron este miércoles al Ejecutivo el informe sobre el que proponen sustentar el hipotético nuevo modelo, y su contenido no ha sentado del todo bien a muchas comunidades.

Así, Castilla-La Mancha ha rechazado la argumentación sobre la ordinalidad (financiación en función de la aportación a la solidaridad entre territorios) y Castilla y León lo ha visto demasiado "genérico".

Madrid, por su lado, se ha opuesto a los planteamientos sobre el impuesto de sucesiones (es la comunidad que lo tiene más bajo).

Pero lo que quieren la mayoría de las autonomías es que, más allá de las discrepancias, se empiece a negociar cuanto antes.

Los consejeros socialistas han puesto el acento en los plazos y en el calendario, no sólo porque han pedido empezar ya a dialogar, sino porque han abogado por diseñar un calendario de reuniones y consultas.

Se lo han expresado a Montoro durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera y algo han logrado: en septiembre empezarían los trabajos de los técnicos estatales y autonómicos del citado Consejo y en noviembre, si se corroboran las previsiones, habrá un documento que comenzarían a analizar los consejeros y los altos cargos del Gobierno.

Pero Montoro, en la rueda de prensa posterior al cónclave, no se ha fijado tanto en los plazos como en la viabilidad de la negociación. Ha puesto el foco en el PSOE: "O lo sacamos entre todos o habrá que esperar a otras circunstancias políticas", ha avisado.

El Gobierno, ha recordado, está en minoría, lo cual no es un asunto menor habida cuenta de que el nuevo sistema de financiación autonómica, para entrar en vigor, necesita que la correspondiente ley orgánica cuente con la suficiente mayoría parlamentaria.

Sin el PSOE, no habrá esa mayoría, y por esta razón, el ministro de Hacienda ha destacado que sin el respaldo socialista, la nueva financiación es "imposible" e incluso "indeseable".

A los gobiernos autonómicos socialistas no les ha gustado la advertencia, así que todos han pedido a Montoro que no busque "excusas" y lidere la negociación. Llegados a este punto, "la reforma tiene que tirar hacia adelante", ha dicho el consejero aragonés, Fernando Gimeno.

Fuera del debate por la modificación del sistema de financiación, el Ministerio de Hacienda ha aprovechado el Consejo para informar a las comunidades de que dispondrán en 2018 de algo más 105.040 millones de euros para financiarse, incluidos los 9.000 millones procedentes de la liquidación del ejercicio de 2016.

También se han aprobado los planes económico-financieros para este año y el que viene de las comunidades que no llegaron a los objetivos de déficit estipulados. Son los de Cataluña, Galicia, Andalucía, Cantabria, Murcia, Comunitat Valenciana, Aragón, Canarias y Extremadura.

Y se ha revisado el último informe de reordenación del sector público autonómico: han desaparecido 676 entidades, una cifra que Montoro ha calificado como "satisfactoria".