El Gobierno catalán pagará a abogados externos para defender a los consejeros, altos cargos y funcionarios de cara al referéndum

El Govern ha aprobado este martes un acuerdo para "garantizar el derecho de defensa" de los miembros del Govern, de los altos cargos y de los trabajadores de la administración catalana por el referéndum soberanista. Para ello pagará a "abogados externos", según ha explicado el portavoz del ejecutivo catalán, Jordi Turull.

Turull, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, ha precisado que se ha tomado esta decisión, entre otras cuestiones, por la "persecución ideológica" que ha iniciado el Estado para tratar de frenar el proceso soberanista y la votación del 1 de octubre.

Turull ha aclarado que esta protección recaerá sobre los trabajadores públicos y altos cargos, pero también sobre los propios miembros del Govern ya que, por ejemplo, ya existe una querella contra la consellera de Gobernación, Meritxell Borràs, por haber iniciado un procedimiento para la compra de urnas.

El portavoz ha explicado que de esta forma quieren enviar un mensaje claro a todos sus trabajadores y altos cargos de que la administración catalana les defenderá si, actuando en defensa del interés general de la Generalitat, una decisión "arbitraria" del Estado pretende llevarles ante los tribunales.

El Govern toma esta decisión después de que en los últimos meses se haya puesto el foco en qué papel desarrollarán los funcionarios y los trabajadores públicos en el proceso soberanista, y de se si este papel puede acarrearles consecuencias judiciales.

"Ante la actuación del Estado por la que funcionarios -de la Generalitat- se ven presionados, les decimos que estén tranquilos porque la administración de la Generalitat estará a su lado", ha zanjado el también conseller de la Presidencia.

El acuerdo que ha aprobado la Generalitat recoge que a los empleados de la Generalitat que se encuentren eventualmente ante un proceso judicial se les propocionarán "abogados externos", y esta contratación no la tendrá que hacer el propio empleado, sino que se encargará y la costeará la Conselleria a la que pertenezca.

Turull ha explicado que se creará un comité que validará si los trabajadores eventualmente afectados merecen esta asistencia jurídica, y ha asegurado que la medida tomada este martes por la Generalitat ya está prevista tanto en la Administración del Estado como en la mayoría de comunidades autónomas.

El portavoz ha explicado que los trabajadores tendrán esta asistencia jurídica a cargo de la Generalitat en los casos en los que hayan actuado en defensa del interés general de la administración catalana, no en casos vinculados a la corrupción.