La futura ley de referéndum, presentada por JxSí y la CUP, prevé la posibilidad de declarar la independencia de Cataluña antes de 48 horas si ganase el "sí", sin fijar un mínimo de participación, un texto que el Gobierno ha tachado de "antidemocrático" y que asegura que no se aplicará.

La iniciativa no se ha registrado aún como proposición de ley en el Parlament sino que ha sido dada a conocer en un acto en el auditorio de la Cámara catalana, al que han asistido diputados de JxSí, CUP, Podem y EUiA, mientras que se han ausentado la otra parte de CSQP, Ciudadanos, PSC y el PPC, que la ha calificado de "golpe de Estado".

Todo ello en un contexto de tensión dentro del PDeCAT, por el distanciamiento que se ha visualizado entre la dirección del partido y el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a raíz del cese del ya exconsejero de Empresa Jordi Baiget, después de que manifestara sus dudas sobre la posibilidad de celebrar el referéndum de independencia.

Una cita, prevista para el 1 de octubre, que los independentistas quieren fundamentar sobre una Ley de Referéndum de Autodeterminación, que establece en su articulado que el pueblo de Cataluña es un "sujeto político soberano" y, como tal, "ejerce el derecho a decidir libre y democráticamente su condición política".

El proyecto establece "un régimen jurídico excepcional" para celebrar el referéndum y se ampara en la legislación internacional, al tiempo que resalta que "prevalece jerárquicamente sobre todas aquellas normas que puedan entrar en conflicto", para blindarse ante una posible suspensión del Tribunal Constitucional (TC).

También ampara "a todas aquellas autoridades, personas y empresas que participen directa o indirectamente" en la preparación y celebración del referéndum.

El texto prevé la creación de la Sindicatura Electoral, como sustitutiva de la Junta Electoral, y un censo parecido pero no idéntico al utilizado habitualmente.

Si bien el documento fija qué pasaría en caso de que ganara el 'sí' (declaración de independencia) o el 'no' (elecciones autonómicas), no fija en cambio cuál debería ser la diferencia mínima del 'sí' respecto del 'no', ni establece un mínimo de participación para dar como válido un eventual referéndum.

Tras la presentación de este mediodía, los independentistas han organizado otro acto por la tarde en el Teatro Nacional de Cataluña, con la presencia del presidente Carles Puigdemont y el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras.

Con el título 'Garantías para la democracia', el acto sirve para ofrecer nuevos detalles, como las urnas, que los independentistas quieren que sean de metacrilato, y que el Gobierno catalán comprará de forma "solidaria" para "compartir la responsabilidad", según fuentes soberanistas.

En este contexto, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha advertido de que la futura Ley es "manifiestamente antidemocrática" y se ha mostrado convencido de que no entrará en vigor porque es contraria a la Constitución y al Estatuto de Cataluña.

Por su parte, el presidente del PPC, Xavier García Albiol, ha dicho que sería "deseable" que la Fiscalía actuara contra la futura Ley del Referéndum, a la que ha calificado de "golpe de Estado" que busca "la suspensión de la autonomía" de Cataluña.

En Madrid, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha asegurado que apoya al Gobierno en la defensa de la legalidad y de la Constitución frente al proceso independentista, pero ha pedido a Mariano Rajoy que dé un "paso" hacia una solución política, en cuyo caso también le apoyará.

Para el portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, la futura ley arroja "más dudas" para los funcionarios puesto que "el Gobierno catalán no pretende cumplir las leyes vigentes".

Por su parte, el portavoz parlamentario de CSQEP, Joan Coscubiela, ha advertido de que el texto "vulnera" el Estatut, "ignora" la legalidad internacional y "se confronta" a la española, y ha quitado hierro al hecho de que parte del grupo haya acudido al acto de presentación.

Con el eco del cese de Baiget, el portavoz adjunto del PSC en el Parlament, Ferran Pedret, ha lamentado por su parte que "no se pueda expresar dudas" sobre el proceso soberanista.

El hasta ahora consejero de Cultura, Santi Vila, ha asumido la cartera de Empresa de manos de Baiget y este miércoles pasará el relevo al nuevo titular de Cultura, Lluís Puig.

La destitución de Paiget ha sido criticada en Twitter por el exconseller Francesc Homs, que ha opinado que si se le echa por "unas declaraciones más o menos afortunadas, hay quien sobra desde hace tiempo" en el Gobierno catalán, un mensaje que podría ir dirigido a miembros de ERC.

"Además, políticamente decisiones así ni suman ni hacen grande el proyecto, sino todo lo contrario", ha subrayado Homs, que ha añadido una reflexión: "¿Cómo es que de momento somos los del PDeCAT a los que nos condenan los de Madrid y/o nos quieren fuera algunos de Cataluña? Hasta los huevos", ha dicho.

Después de la reunión de Gobierno catalán, la portavoz, Neus Munté, ha afirmado que no "teme" que puedan haber nuevas dimisiones en un Gobierno catalán que ve "unido y decidido en continuar trabajando para hacer efectivo el referéndum del 1 de octubre".

El cese ha ahondado el distanciamiento entre Carles Puigdemont y la dirección del PDeCAT, que acogió con "sorpresa, desconcierto y malestar" el relevo de Baiget, hombre cercano al expresidente catalán y líder de la formación, Artur Mas.