Sanidad universaliza el tratamiento de la hepatitis C, pero sin fondos específicos

La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, y los consejeros autonómicos del ramo han acordado este miércoles ampliar el plan contra la hepatitis C, lo que supone universalizar el tratamiento para todos los pacientes, pero sin que se haya acordado una financiación específica como pedían las autonomías.

La extensión del plan de abordaje de la hepatitis C ha sido uno de los 31 puntos del orden del día de la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, el primero de la ministra desde que accedió al cargo, y que tiene lugar catorce meses después de que se celebrase el anterior (13 de abril de 2016) siendo ministro Alfonso Alonso.

Tras casi diez horas de reunión, Montserrat ha señalado en rueda de prensa que no se puede "crear una financiación específica por cada medicamento", pero se ha comprometido a celebrar un Consejo monográfico sobre financiación sanitaria cuando concluyan los trabajos de los grupos de la Conferencia de presidentes sobre financiación autonómica.

"En todos los medicamentos trabajamos en la sostenibilidad y bajada de los precios", y en la hepatitis C "se han reducido los precios diez veces y ahora el tratamiento cuesta lo mismo que hace diez años y entonces no tenía la misma eficacia", ha argumentado.

En febrero de este año había 60.000 pacientes leves con fibrosis F0 y F1 diagnosticados y sin tratar, aunque a partir de ese mes ya comenzaron a recibir tratamiento, con lo que la cifra actual puede ser menor, según Sanidad.

El tratamiento por paciente cuesta unos 10.000 euros, con lo que tratar a los afectados pendientes supondría 600 millones de euros en tres años, hasta 2020, fecha hasta la que se ha ampliado el Plan aprobado en 2015.

La actualización del plan, además de extender el tratamiento a todos los grados de fibrosis, incorpora dos nuevos medicamentos cuya financiación ya estaba aprobada, y no contempla el cribado de la población de riesgo, aunque según Montserrat se está estudiando.

Comunidades socialistas como Andalucía, Baleares y Castilla-La Mancha han criticado la falta de financiación para ampliar el tratamiento y han pedido "fondos exclusivos", aunque han precisado que pondrán en marcha el acuerdo.

"No puede ser que uno invite y los demás tengamos que pagar", ha dicho el consejero de Sanidad castellano-manchego, Jesús Fernández, quien, preguntado por los periodistas de dónde se va a sacar el dinero, ha contestado: "Buscaremos donde no hay".

En este sentido, por parte de los populares, el consejero de Sanidad de Castilla y León, Antonio Sáez, ha recordado que en 2015 Hacienda se comprometió no tanto a aportar financiación estatal sino a que el gasto de las comunidades no computara como déficit.

Un compromiso que no se cumplió, por lo que hoy las comunidades han "reactivado" esa demanda, ha señalado el consejero, quien ha opinado que "no es razonable que un ministerio sea exigente con objetivos de déficit y a la vez otro ministerio anime a generar, a través de un plan estratégico, gastos adicionales como con la hepatitis C".

Por otro lado, se ha aprobado crear este año un registro de afectados por la talidomida -medicamento que se suministraba a las embarazadas contra las náuseas y que provocó malformaciones en los bebés- así como una oficina de apoyo a víctimas y familiares que estará en el Instituto de Salud Carlos III de Madrid.

"España está en deuda con ellos y se merecen una solución", ha dicho Montserrat, que ha especificado que las reclamaciones ante la empresa alemana Grünenthal, que comercializó la talidomida, deben hacerlas las personas físicas y no el Ejecutivo.

Otro de los asuntos tratados ha sido el real decreto que regula la denominada "prescripción enfermera", después de que hace unas semanas se lograra desbloquear en el Foro de las profesiones sanitarias el conflicto generado por esta normativa entre los médicos, a favor del texto, y las enfermeras, que se oponen.

En la reunión, el País Vasco, Navarra, Baleares y la Comunidad Valenciana han planteado derogar el decreto, según la ministra, que abogado por el diálogo sobre este tema en el citado foro sanitario, donde están representados médicos, enfermeras, sindicatos, Ministerio y comunidades.

Ha insistido en que ahora se debe "priorizar el acuerdo en el Foro" y ha dicho que se han designado los vocales -el País Vasco, Galicia, Cataluña y Andalucía- para trabajar en la elaboración de protocolos y guías de práctica clínica necesarios.

Aunque no estaba previsto en el orden del día, algunos consejeros han aprovechado en ruegos y preguntas para volver a pedir la "universalización" de la atención sanitaria, un asunto que la ministra ha remitido a un eventual Pacto de Estado por la Sanidad que se está gestando en el Senado.

Montserrat ha explicado que se han aprobado todos los puntos del día de la reunión, excepto el referente a la creación de un reglamento sobre el funcionamiento de los Consejos Interterritoriales.

Se ha pospuesto después de que varias comunidades rechazaran la propuesta de Sanidad al considerar que otorgaba "un voto de calidad" al Gobierno central en las decisiones de este órgano, y la Comisión delegada estudiará una nueva redacción en quince días.

Asimismo se ha dado el visto bueno a la creación de la primera Estrategia Nacional del ELA (esclerosis lateral amiotrófica), enfermedad de la que este miércoles se celebraba su día mundial; "Es un primer paso muy importante para dar un tratamiento integral a los afectados y avanzar en el diagnóstico precoz".