Soledad Becerril no renovará su mandato y dejará de ser Defensora del Pueblo

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, anunciará este martes que deja el cargo. Su mandato de cinco años expira el 22 de julio y no va a optar a una segunda etapa. Fuentes cercanas a Becerril señalaron que la Defensora considera que ya ha cubierto la misión que le encomendaron PP y PSOE en 2012 y no quiere continuar otros cinco años en el cargo. Las razones para no seguir, señalaron las fuentes consultadas, son de índole exclusivamente personal sin que medien enfrentamientos políticos con el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

La institución que dirige la exministra de Cultura no ha tenido grandes conflictos con el Gobierno en estos cinco años, aunque ha elaborado informes críticos sobre los centro de internamiento de extranjeros y las condiciones en las que viven las personas recluidas en estas dependencias antes de ser expulsadas de España.

Becerril, que ha pasado por las filas de la UCD y el PP, es la primera mujer desde el restablecimiento de la democracia que dirigió la institución. Antes que ella ocuparon ese cargo figuras relevantes de la política en sus últimas etapas en activo. Sus antecesores fueron los democristianos Joaquín Ruiz-Jiménez, el primer Defensor del Pueblo elegido en 1982; Álvaro Gil-Robles y Fernando Álvarez Miranda. El socialista Enrique Múgica llegó en 2000 y ha sido el único que ha repetido mandato, primero con José María Aznar y después con José Luis Rodríguez Zapatero. Dejó el cargo en 2010. Tras una interinidad de dos años con María Luisa Cava de Llano, el Congreso designó a Soledad Becerril.

El Defensor del Pueblo debe ser una figura de consenso entre el Gobierno y el principal partido de la oposición ya que su elección requiere de una mayoría cualificada de tres quintos de los diputados.

Becerril fue la primera mujer ministra desde la Segunda República y se hizo cargo de la cartera de Cultura en 1981. Fue diputada por Sevilla en la constituyente, y en cuatro legislaturas más. Además fue alcaldesa de Sevilla entre 1995 y 1999.

Su continuidad en el cargo dependía, además de su voluntad, de que PP, PSOE y un tercer partido se pusieran de acuerdo para renovar su mandato.