El Gobierno opta por el silencio sobre Moix, cuyo futuro queda en el aire
La presión llega al fiscal general incluso desde el colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda.
El Gobierno ha cambiado de actitud ante Manuel Moix y ha pasado de la defensa al silencio, con lo que el futuro del fiscal jefe Anticorrupción se oscurece y queda pendiente de la reunión que ha de mantener con su jefe, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza.
Porque a Maza han señalado tanto la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, como el ministro de Justicia, Rafael Catalá, preguntados por Moix y por su participación en una sociedad radicada en el paraíso fiscal de Panamá.
Tras la confianza expresada en Portugal por el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, los miembros del Gobierno han optado por recordar que es al fiscal general del Estado al que corresponde nombrar y remover al jefe Anticorrupción.
No obstante, el propio Catalá ha explicado esta tarde a los periodistas en una conversación informal que él desconoce si Moix va a dimitir y les ha aconsejado que no lo den por hecho. También ha contado que ayer llamó a Maza para preguntarle sobre las informaciones publicadas y el fiscal general del Estado le respondió que "no era nada, una propiedad familiar".
Pero Moix ha cambiado en pocas horas de discurso y, tras defender que su comportamiento fue correcto y transparente y descartar la dimisión, hoy ha admitido que se equivocó al no informar de su situación al fiscal general y ha abierto la puerta a su salida.
"No tengo ningún apego al cargo", ha declarado esta mañana en Onda Cero, donde ha admitido que tiene una conversación pendiente con Maza "esta noche o mañana".
Entre tanto, el PSOE y Podemos han redoblado sus críticas y su exigencia de responsabilidades: o bien su cese o bien su dimisión.
Y Ciudadanos ultima una reforma del Ministerio Público para evitar actuaciones como la de Manuel Moix, con medidas que incluyen la elección del Fiscal General por una mayoría parlamentaria reforzada y que tanto éste como los principales fiscales sean examinados en una audiencia previa.
La presión llega al fiscal general incluso desde el colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda , que ha pedido a la Agencia Tributaria que abra una inspección sobre él y sus hermanos para verificar si la sociedad familiar es una empresa para eludir el pago de 90.000 euros en impuestos
