El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha sido categórico hoy al comparar el plan hacia la independencia de la Generalitat con modelos propios de las "peores dictaduras", pero el Govern sigue su camino hacia la consulta, y así, ha anunciado que pedirá una negociación "formal" para dejarla acordada.

Un día después de que el presidente catalán, Carles Puigdemont, avanzara en Madrid esta invitación a pactar la pregunta, fecha y condiciones del referéndum, Rajoy ha insistido en el Senado en que no acepta "chantajes".

Frente a las tentativas independentistas, el Gobierno hará prevalecer "la democracia y el Estado de derecho", ha añadido en respuesta a una pregunta del grupo de ERC en la Cámara Alta.

La última propuesta del Ejecutivo para encauzar legalmente el debate es la petición a Puigdemont para que vaya al Congreso e intente "convencer" a los 350 diputados de que su proyecto es "positivo para los ciudadanos", ha dicho Rajoy.

Si el presidente de la Generalitat aceptara acudir, el jefe del Gobierno debatirá con él "con gusto", pero siempre y cuando se acate la posición mayoritaria que refleje la votación.

Puigdemont, en la conferencia que protagonizó en Madrid, rechazó la propuesta.

La consideró "un simulacro" y una "coartada" para ocultar la nula voluntad política del Gobierno de Rajoy, así como "una pérdida de tiempo".

Porque la consulta se hará, sentenció en el Ayuntamiento de Madrid, y el Estado "no tiene poder" para impedirlo.

Como "tiempo no sobra",  la portavoz del Govern, Neus Munté, ha avanzado el envío de una solicitud formal por carta para comenzar a negociar. Espera que el Gobierno de Madrid "esté a la altura", ha apuntado.

Ni Rajoy ni ninguno de los ministros que se han pronunciado hoy han mostrado atisbo alguno de que esa negociación se pueda producir, entre otras razones por la publicación de un borrador de la llamada Ley de Transitoriedad Jurídica, también conocido como ley de desconexión.

El contenido dado a conocer del proyecto abre la puerta a la declaración unilateral de independencia si el referéndum no se pudiera celebrar.

Para Rajoy, dicha Ley, en caso de que sea así (el Govern no lo ha confirmado), es "una de las mayores cacicadas" que ha visto en su vida, y ello, unido a las intenciones de aprobar en un día "una Constitución sin debate y liquidando la unidad de España", configura un modelo propio de "las peores dictaduras".

Rajoy, además, ha dejado claro que no tiene pensado cambiar de criterio en un asunto que pretende vulnerar la Ley y hacer partícipe de ello al presidente del Gobierno.

El Senado, por tanto, ha acogido la primera reacción del jefe del Ejecutivo a las ideas que ayer expuso Puigdemont en Madrid.

La portavoz de ERC en la Cámara, Mirella Cortés, le ha preguntado por ello y ha dejado claro que no hay dudas en su formación sobre el destino del plan independentista: habrá referéndum, y en alusión al Gobierno, ha añadido: "No lo impedirán ustedes ni el Tribunal Constitucional ni todos los artilugios que usen".

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, no obstante, ha advertido de que "la democracia tiene el poder de evitar el referéndum".

A la espera de ver si cuaja esa invitación formal a la negociación sobre la consulta, la CUP ha pedido al Govern que no sea "prisionero" ni de los "silencios" ni de los "tempos" de Rajoy. Es decir, que no espere y vaya fijando la fecha y pregunta de la consulta.

El sector judicial ha tomado también la palabra. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Jesús María Barrientos, ha asegurado que "ningún juez o magistrado va a aplicar ni va a exigir el cumplimiento de una ley que no esté en ese alineamiento constitucional".

Y la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha advertido de que los jueces actuarán "con independencia y sujeción exclusiva a la Constitución".

En este clima Puigdemont se reunirá este miércoles en Barcelona con el fiscal general del Estado, José Manuel Maza.