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Un borrador de ley de desconexión prevé la independencia si no hay referéndum

Desde Twitter, el presidente del grupo parlamentario de JxSí, Jordi Turull, ha dado a entender que hay una nueva versión de la ley con unos contenidos distintos.

Puigdemont.
Puigdemont, en Madrid

Un borrador de la ley de transitoriedad jurídica elaborada por JxSí y la CUP, la llamada ley de desconexión de Cataluña, prevé una declaración unilateral de independencia si el Gobierno de España impide un referéndum, algo que el presidente Mariano Rajoy ha definido de "gravísimo chantaje al Estado".

Junts pel Sí y la CUP pactaron a finales del año pasado el contenido de la ley de transitoriedad jurídica, pero han mantenido el texto en secreto, guardado bajo llave hasta que crean que ha llegado el momento de llevarlo al Parlament para su aprobación, algo que no tienen previsto hacer antes de que se celebre el referéndum que quiere convocar el Gobierno catalán como muy tarde a principios de otoño.

El borrador, avanzado por el diario El País, establece una declaración unilateral de independencia si el Gobierno central veta la celebración de un referéndum, lo que se llevaría a cabo justo después de que el Parlament "constatase este impedimento".

Desde Twitter, el presidente del grupo parlamentario de JxSí, Jordi Turull, ha dado a entender que hay una nueva versión de la ley con unos contenidos distintos: "Quien os haya pasado este supuesto borrador va muy desfasado, y lo desmentimos. Cuando se haga pública la ley lo comprobaréis rápido".

Fuentes de la Generalitat han apuntado asimismo que se trata de "un borrador muy desfasado y por lo tanto sin ninguna actualidad ni validez", pero han evitado concretar qué es lo que contiene la última versión de la ley, que sigue guardada.

En un comunicado, el grupo parlamentario de JxSí ha afirmado que la "única vía" que tiene sobre la mesa es "hacer el referéndum" sobre la independencia de Cataluña y ha advertido de que, si el Estado lo veta, impulsará los "mecanismos legales" para celebrarlo.

Quien sí ha dado plena credibilidad al borrador ha sido el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que ha asegurado que no consentirá el "gravísimo chantaje y amenaza" al Estado que a su juicio supone el borrador de la denominada ley de desconexión, que ha calificado de "intolerable".

Para Rajoy, lo que pretende el president Carles Puigdemont con esa ley es "una ruptura en toda regla de lo que hoy es España".

"Es difícil encontrar un precedente tan antidemocrático como ese, y nos anuncia que, si no tenemos a bien aceptar sus pretensiones, va a entrar en vigor en 24 horas, porque lo dicen ellos, un disparate jurídico, político y social", ha advertido.

Por su parte, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha ha reunido hoy mismo a la cúpula fiscal para empezar a analizar el borrador de la ley para la independencia de Cataluña y ha garantizado que, si se aprecia que atenta contra la ley, se presentará una querella. Fuentes de la Fiscalía consultadas por Efe han señalado posteriormente que no iban a hacer una valoración de la información periodística.

En todo caso, horas antes de que Puigdemont protagonizase una conferencia en Madrid para exponer su oferta al Estado para pactar un referéndum, Rajoy ha reiterado su invitación de ir al Congreso.

Puigdemont ha instado en Twitter a Rajoy y a aquellos que critican su conferencia a que "escuchen primero" antes de reaccionar sin conocer el contenido de su discurso.

La portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha subrayado que el borrador de la ley pone de manifiesto que el Govern no quiere un referéndum sino "una gran excusa" para proclamar la independencia.

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha tachado de "chapuza jurídica impropia de una sociedad desarrollada" la ley de desconexión que plantean los grupos independentistas, un proyecto "fuera de la realidad, el planeta, el sistema solar y la galaxia" y que "no pasaría un examen de primero de Derecho".

El PPC ha registrado una petición de comparecencia de Puigdemont ante el pleno del Parlament, mientras que el presidente del partido, Xavier García Albiol, ha afirmado que, si se confirma que el Govern prepara una declaración de independencia si no hay referéndum, "la respuesta no tiene que ser la cárcel para los responsables, sino una camisa de fuerza".

Tras reunirse en Barcelona con el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, el presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra, ha afirmado que es "imposible" el trasvase automático de funcionarios del Estado a la Generalitat y ha advertido de que un empleado público catalán que infrinja la Constitución "puede perder su nombramiento".

Según el borrador de la ley, en caso de independencia, la Generalitat asumiría a los 29.000 trabajadores públicos del Estado en Cataluña y se establecería la obligación para policías y jueces de solicitar la nacionalidad catalana para seguir ejerciendo.

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