Por
  • Guillermo Fatás

Desenterrar, una pasión nacional

Ni el PP ni el PSOE han sacado a Franco de su tumba, aun pudiendo intentarlo cuando han estado en el Gobierno. El PP no cree que sea buena idea, por diversas razones, incluidas las electorales. El PSOE se olvida del asunto en cuanto ocupa la Moncloa, del mismo modo que tampoco deroga el mal llamado Concordato, a pesar de haberlo anunciado, incluso a voces, tanto en sesiones parlamentarias como en mítines. Probablemente, hacen bien en eludir lo más posible una cuestión que no tiene solución satisfactoria, en la convicción de que será peor el remedio que la enfermedad.

Eso no debe llevar al convencimiento, como quieren algunos, de que en España no se ha hecho nada para compensar los daños sufridos por muchos republicanos durante la guerra del 36 y después de ella. A partir de 1977, la política española se ha esmerado en aprobar decenas (sic) de resoluciones que han favorecido a numerosos grupos de damnificados, como los militares de obediencia republicana, los carabineros, los brigadistas internacionales –doble nacionalidad–, los exiliados, los ‘niños de la guerra’ y otros más. Comenzó el paulatino resarcimiento –también económico– en los primeros años de la Transición, como un método efectivo de pacificación social. Ya en el siglo XXI, hubo varias decisiones que perfeccionaron la actitud, mucho antes de la Ley de Memoria Histórica de 2007. Los guerrilleros del maquis fueron rehabilitados tras una petición unánime del Congreso de los Diputados en mayo de 2001. El 20 de noviembre –fecha simbólica– de 2002, el mismo pleno proclamó su condena a la violencia destinada a crear un régimen totalitario y su deseo de "mantener el espíritu de concordia y de reconciliación que presidió la elaboración de la Constitución de 1978 y que facilitó el tránsito pacífico de la dictadura a la democracia". Para ello se reafirmó en la necesidad de "proceder al reconocimiento moral" de las "víctimas de la Guerra Civil y de cuantos padecieron la represión de la dictadura franquista". La condena, además de unánime fue explícita, nominal. Buscaba, además, ayudar a los damnificados en un espíritu de justicia y concordia, deseando evitar el dolor de las viejas heridas y avivar "el rescoldo de la confrontación civil".

Dictadura derogada

Estas acciones, compensatorias en lo posible, promovidas sobre todo por las Cortes Españolas, tomaron también cuerpo en instancias europeas: la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, el 17 de marzo de 2006, condenó en un informe las violaciones de Derechos Humanos ocurridas en nuestro país con posterioridad al final de la guerra civil. Y, en fin, la ley española 52/2007, de 26 de diciembre, ya hace diez años que no solo declaró injustas las condenas motivadas por causas inequívocamente políticas o ideológicas, tanto en la guerra del 36-39 como en la posguerra, sino que las declaró sin vigor, lo mismo que las leyes de las que nacieron. Esas normas están, hace años, fuera del ordenamiento jurídico español y no pueden ser invocadas o aplicadas por ninguna autoridad.

Morirse a hurtadillas

El adanismo infatuado pretende hoy que aquí no se ha hecho nada. Solo la ignorancia que la sociedad española –incluida una parte de la sociedad política– tiene sobre su pasado justifica que los descubridores de mediterráneos tengan éxito de público. Es lo que Santiago González (Díez) –economista, piloto naval, exmilitante del viejo PCE y agudo columnista– define como ‘antifranquismo cipotudo’, empeñadísimo en no dejar morir a Franco ni aun estando muerto.

En 1922, cuando Azaña no era sino un empleadito ministerial, pero ya un apasionado por el sino de España –"su trágico destino me avasalla", diría, años después– escribió en la revista literaria ‘La Pluma’: "Desenterrar a los muertos es pasión nacional. ¿Qué incentivos secretos tienen para el español los horrores de ultratumba que no se satisface con ponderarlos a solas y ha de ir a escarbar en los cementerios a cada momento? ¿Vocación de sepultureros, realismo abyecto, necrofagia? De todo hay en esa manía. Aquí la hemos denunciado más de una vez. Avisamos a toda persona notoria que procure morirse a hurtadillas y enterrarse con nombre supuesto si quiere reposar en paz; de otro modo, irán a cribarle las cenizas cuando menos lo espere". Lo escribía aludiendo a desenterramientos destinados a honrar a ciertos difuntos –lo mismo una cantante que un espadón o un poeta: fue el lote de aquel año–, pero se puede entender con carácter general. Se burlaba del poeta dieciochesco Manuel Quintana, que iba en el lote de cadáveres famosos. Había hecho este, en un poema altisonante, salir de sus tumbas a los reyes de España. Y concluía: "Es malo inquietar a los difuntos", porque "aplican la ley del Talión".

No vaya a ser...