La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concluye en un segundo informe sobre la adjudicación de la cafetería de la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández en 2011 que la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, tuvo que ser partícipe "directa" y conocedora de que se hizo de forma irregular.

Así lo explica la UCO en un informe del pasado 27 de marzo que amplía uno anterior en el que atribuye a Cifuentes delitos de prevaricación y cohecho.

En el segundo informe recoge las declaraciones los pasados 8 y 9 de marzo de tres personas investigadas que participaron en la adjudicación en 2009 y 2011 supuestamente a dedo al expresidente de la patronal madrileña del servicio de cafetería de la Asamblea de Madrid.

Esos tres imputados situaron a Cifuentes en dos reuniones en las que se habló de las diferentes ofertas para esos concursos, de los que la presidenta madrileña participó como presidenta de la mesa de adjudicación pero también como miembro del comité de expertos que evaluaba a los licitadores, dos cargos que la UCO cree incompatibles.

En la licitación de 2011 participó uno de los imputados, Arturo Zubiri, funcionario de la Asamblea que, según explicó él mismo a los agentes, asignó cero puntos a una empresa competidora de Arturo Fernández "bajo la falsa argumentación de que la misma no había presentado documentación alguna".

De esta circunstancia, dice la UCO, "tuvieron que ser directas partícipes y conocedoras" los otros dos componentes del comité de expertos, que eran Cifuentes y María Merino, otra de las imputadas que declaró ante la Guardia Civil.

Merino sostuvo que en 2009 mantuvo una reunión con Cifuentes y con la letrada de la Asamblea Tatiana Recoder (miembro del comité de expertos también) en la que en realidad "no hubo deliberación". "Nadie expuso nada, no había nada que discutir", añadió sobre la reunión.

La UCO concluye que de las declaraciones de Zubiri, Merino y de Recoder -quien dijo que hizo la recomendación respecto a la incompatibilidad de Cifuentes como miembro de la mesa y el comité- se extrae "la existencia de significativas y evidentes contradicciones entre lo declarado por algunas de las personas investigadas frente a otras, o respecto a lo declarado por éstas frente a elementos de prueba documental que obran en la investigación desarrollada".

A juicio de la UCO, estas declaraciones "avalarían aun más" las conclusiones a las que llegó en un informe anterior del 1 de marzo en el que apuntaba a irregularidades en la concesión de esos dos contratos a Arturo Fernández y las ligaba con donativos ilegales que el empresario había hecho al PP de Madrid a través de la fundación Fundescam.

Hubo así, concluye, "una pluralidad de acciones por parte del comité de expertos que tuvieron como única finalidad la de favorecer de manera preconcebida a la empresa Grupo Cantoblanco en ambos procesos de licitación y decidir de antemano la adjudicación de los mismos".

"Ese favorecimiento se habría materializado a través de conductas arbitrarias que derivaron en actos injustos y de percepción paladina en cuanto a la comisión de los mismos por parte de sus partícipes, posible factor desencadenante de las contradicciones observadas en las declaraciones objeto de análisis en el presente informe policial", añade.

Finalmente, ahonda en que, de hecho, los comités de expertos que se nombraron en ambas adjudicaciones (en los dos participó Cifuentes) tenían en realidad la finalidad de proporcionar al grupo de Arturo Fernández "un amplio margen de puntos obtenidos en la valoración de los criterios de juicios de valor".