El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha ordenado este martes al fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, la presentación ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de una querella por los delitos de prevaricación, desobediencia y malversación contra Meritxell Borràs Solé, consejera catalana de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda en relación con la publicación del Diari Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) del anuncio de la licitación para comprar las 8.000 urnas que deben servir para celebrar el referéndum soberanista catalán.

La querella también se dirige, según ha anunciado la Fiscalía General, contra Esteve Balagué, secretario general de la Consejería de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda de la Generalidad de Cataluña "y contra quienes durante la instrucción resulten igualmente responsables"

La querella trae causa en la publicación del Acuerdo marco para el suministro de urnas en las elecciones al Parlamento de Cataluña el pasado 9 de mayo con la firma de Esteve Balagué. La implicación de Borràs se explica en que el referido anuncio indica en su apartado primero como entidad adjudicataria el Departamento de Gobernación que ésta dirige.

La Fiscalía señala que dicha licitación contraviene las diferentes resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional para frenar el proceso independentista. Considera la Fiscalía que el anuncio de licitación de urnas es "de imposible encaje en el ámbito competencial del Parlamento y del Gobierno de Cataluña", en la ordenación territorial del Estado, o en los procedimientos establecidos de reforma constitucional y estatutaria, "integrando una pura vía de hecho".

El anuncio de la Consejeriía de Gobernación, de tres páginas, detalla que se trata de dos lotes en los que invertirá un presupuesto "meramente orientativo" de 200.000 euros: 184.000 euros para "urnas electorales transparentes" y 16.000 para "urnas de cartón". La cifra de 8.000 urnas no figura en el anuncio, pero es la que han venido facilitando fuentes del Gobierno catalán.

El anuncio no alude al referéndum

El anuncio, tal como estaba previsto, no hace alusión al referéndum independentista que la Generalitat quiere convocar para septiembre, pero sí a alude a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General de 1985, la disposición transitoria segunda del Estatut de 2006 y a la Ley Orgánica de 1980 sobre regulación de las diferentes modalidades de referéndum. También a las leyes catalanas de consultas populares por vía de referéndum (2010) y de consultas populares no referendarias y otras formas de participación ciudadana (2014).

Las empresas que quieran optar al concurso tienen 15 días para presentarse, y el anuncio está firmado por el secretario general de la Consejería, Francesc Esteve Balagué.

Será la primera vez que la Generalitat dispone de urnas propias y la licitación se presenta según el acuerdo marco alcanzado para suministrar "urnas en las elecciones al Parlamento de Cataluña, consultas populares y otras formas de participación ciudadana", según el documento.

La licitación llega después de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont; el vicepresidente, Oriol Junqueras, y el resto de miembros del Gobierno catalán firmaran un manifiesto en el que se comprometían a "organizar, convocar y celebrar" un referéndum sobre la independencia de Cataluña.