La 'consejera' de Gobernación de la Generalitat, Meritxell Borràs, ha asegurado este martes que el Estado "tiene miedo" a las urnas y a la democracia, y ha avisado de que mantiene la licitación para comprar 8.000 urnas para contiendas electorales, consultas y procesos participativos.

Lo ha dicho en rueda de prensa en la Conselleria tras saberse que el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha ordenado al fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, presentar una querella contra ella en el Tribunal Superior de Justicia (TJSC) por presuntos delitos de prevaricación, desobediencia y malversación, por esta licitación que busca homologar a empresas que fabrican urnas.

"El expediente es impecable desde el punto de vista de nuestras competencias y no tiene razón de ser" la querella, por lo que cree que no tiene motivos judiciales para prosperar.

Borràs lamenta haberse enterado de la querella a través de los medios de comunicación, lo que demuestra una manera de hacer "más propia de las dictaduras y de un Estado de excepción, que no de un Estado libre y democrático".

"Estamos ante un Estado 'urnafóbico'. ¿A quién le apetece vivir en un Estado así?", se ha preguntado Borràs, que ha querido desvincular la compra de urnas del compromiso firme del Govern para celebrar un referéndum.

Ha defendido que la Generalitat tiene competencias para comprar urnas para elecciones, consultas y procesos participativos, y la licitación responde precisamente a estas facultades, y además ha recordado que otras comunidades, como Andalucía, han adquirido urnas y no se ha abierto ningún proceso judicial.

Preguntada por si cree que la querella puede asustar a las empresas licitadoras, ha dicho que "muchas de ellas ya han respondido" que piensan presentarse a la homologación para proveer al Govern de urnas, aunque desconoce si alguna de ellas ya lo ha hecho formalmente, porque no sigue el día a día del proceso.

Ha insistido en que "no hay ninguna actuación de freno y el tema sigue adelante" al margen de la querella, que, a su juicio, corrobora que el Estado ha elegido judicializar la política en vez de dialogar.

"El Estado está haciendo un ridículo espantoso de la mano del Gobierno del PP porque está impulsando una querella política" sin fundamento judicial, teniendo en cuenta que el procedimiento es impecable, ha defendido.

Nada que ver con el referéndum

Al preguntársele si la querella hará que se paralice el concurso y la celebración de un referéndum de independencia, ha respondido: "Esto no tiene nada que ver con lo que tenemos encima de la mesa".

Precisamente sobre el referéndum, se ha remitido al acto solemne que el Govern celebró el 21 de abril en el Pati dels Tarongers de la Generalitat para dejar por escrito su compromiso de "organizar, convocar y celebrar" un referéndum.