Los ayuntamientos, incluidos los del PP, se han sumado este jueves al malestar de varias comunidades con el proyecto de Presupuestos generales del Estado (PGE) para 2017, y ya se han empezado a movilizar todos ellos para que se enmienden en las Cortes las cuentas estatales, sobre todo por la caída de las inversiones.

Un enojo generalizado entre las comunidades gobernadas por los socialistas, junto a Cantabria, Cataluña y Navarra, al que este jueves se ha unido también la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), cuyo presidente y alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha dicho que los PGE son "casus belli" para los ayuntamientos.

Caballero se ha quejado de que no se permita a los municipios reinvertir los más de 7.000 millones que consiguieron de superávit en 2016.

Lo ha dicho en una rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Gobierno de la FEMP, en la que se ha aprobado de manera unánime (incluido el PP) una resolución contra las cuentas públicas presentadas por el ministro Cristóbal Montoro.

Se le abre así otro frente a Montoro, cuyo departamento detalló este miércoles las partidas que recibirán las comunidades en financiación autonómica (sumando las entregas a cuenta y la liquidación del ejercicio de 2015), tras conocerse el día antes la bajada de las inversiones en todas las autonomías excepto en Canarias.

Tan satisfecho está el Gobierno canario con las cuentas que su presidente, Fernando Clavijo, de CC, de visita en Madrid, no ha ocultado hoy su "preocupación" por el hecho de que Nueva Canarias vaya a presentar una enmienda a la totalidad, y le ha recordado que "con las cosas de comer no se debe jugar".

Y desde la dirección nacional del PP han respondido este jueves a la presidenta del PP valenciano y portavoz de este partido en Les Corts, Isabel Boning, después de que el grupo popular apoyara ayer una declaración institucional de rechazo al proyecto presupuestario.

Bonig "no conoce bien" el proyecto, ha señalado el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, quien en RNE también ha dicho que la presidenta andaluza, Susana Díaz, tendrá 1.000 millones más para que "en algunas zonas" los niños "dejen de estudiar en barracones", palabras por las que ha sido muy criticado por el PSOE e IU.

Precisamente en esa comunidad, el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, ha acusado al Gobierno de intentar tapar el "escandalazo" que ha supuesto el proyecto presupuestario, al anunciar ahora las entregas a cuenta que recibirá esta comunidad.

También ha salido a la palestra el propio ministro de Hacienda y lo ha hecho para rogar a todas las comunidades que lean las cifras de inversiones territoriales para 2017 "correctamente" y no hagan declaraciones que "no se corresponden con la realidad".

Montoro ha vuelto a pedir responsabilidad a todos los gobiernos autonómicos y ha sostenido que las inversiones presupuestadas para este año suben respecto a las ejecutadas en 2016.

En esa idea ha coincidido el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, que en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta ha apuntado que si se ejecuta la totalidad de la cifra anunciada, serán unos presupuestos "mejores" que los de los años 2016 y 2015.

No la comparte, en cambio, el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, que quiere buscar el consenso con todas las fuerzas políticas para enmendar los PGE y que recojan, al menos, 600 millones más en inversiones para la Comunidad.

Puig ha pedido "una entrevista urgente" al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, para explicarle que la situación generada con estos presupuestos, unida a la de años anteriores, "produce una profunda desafección de la Comunidad respecto del Gobierno".

El portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, por su parte, ha llamado la atención sobre el hecho de que los PGE destinen a esa región un 26 por ciento menos de fondos, que es "casi casi" el mismo porcentaje que sube el Ministerio de Defensa.

Quejas que llegan asimismo desde Navarra, cuya presidenta foral, Uxue Barkos, ha indicado que la "merma" en las partidas de los presupuestos "clama al cielo" y que hay "responsabilidades en materia competencial y de inversiones" que "no se están cumpliendo".

Mientras, el presidente de Aragón, Javier Lambán, ha reiterado su "gran decepción" con las inversiones previstas para la comunidad y ha confiado en tener "más suerte" en el próximo ejercicio presupuestario.