La juez aplaza la decisión sobre la supresión de la municipalización del 010

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Zaragoza ha aplazado la decisión sobre la suspensión de la municipalización del 010 a la espera de que el número 5 se pronuncie -o se inhiba- en este mismo caso después de que Delegación del Gobierno de Aragón se sumara al proceso.

Por tanto, la jueza, Concepción Gimeno, ni ha retirado la suspensión, ni ha convertido las medidas cautelarísimas en cautelares y el servicio se continuará gestionando por la empresa Pyrenalia pese a que el decreto municipal contemplaba que pasara al Ayuntamiento a partir del 1 de marzo.

En la vista, la jueza había citado a las partes demandantes -CEOE Zaragoza y la Abogacía del Estado- y a las demandadas, que se oponen a la suspensión cautelar -Ayuntamiento y trabajadoras-, así como a un representante de la empresa como testigo.

El letrado municipal, Carlos Navarro, ha criticado el auto de la jueza al entender que no procedía una medida cautelarísima, tras lo que esta le ha llamado la atención por ser "irrelevante".

Ha considerado que se está "judicializando" la política, ya que tanto el abogado del Estado como el presidente de la patronal zaragozana, quien fue concejal, pertenecen a la formación que lidera la oposición municipal, el PP.

Del mismo modo, ha señalado que no existe ninguna justificación de urgencia para la suspensión y ha anunciado que planteará una cuestión de inadmisión contra la CEOE porque cree que no están legitimados para defender los intereses ni de las trabajadoras, ni del Consistorio, al igual que harán los representantes de las trabajadoras del 010.

También ha sostenido que en ningún momento se quebró el procedimiento por parte del Gobierno de la ciudad y ha defendido que sí que se consulto al interventor, que ha venido manifestando "lo contrario" de lo que decía anteriormente.

En este sentido, el abogado ha apuntado que la obligación de aprobar previamente la plantilla antes de municipalizar el servicio que defendía el interventor es solo "su interpretación" y "un invento" suyo, y que, de hecho, no hay ninguna sentencia al respecto y todas las subrogaciones llevadas a cabo con anterioridad en ayuntamientos como el de León o el de Zaragoza no requirieron de este supuesto.

Ha indicado también que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea estipula que la subrogación ha de ser inmediata una vez que la Administración asume el servicio, que, en todo caso, las trabajadoras deberán superar "siempre" un procedimiento selectivo con los criterios de igualdad, mérito y capacidad.

José Manuel Aspas, en representación de 13 de las 14 trabajadoras, ha reclamado que la municipalización recobre su eficacia porque no concurre ninguno de los requisitos para su suspensión cautelar.

Así, ha subrayado que hay posibilidad de revertir el acto y que el 010 no es un servicio público municipal como tal.

Del mismo modo, ha puntualizado que desde 2015 no existe contrato con la empresa Pyrenalia y que esta sigue prestando el servicio mediante órdenes ejecutivas del Consistorio, además de que el interés de ambas partes es de que la compañía se desvincule de la gestión del 010.

En cuanto a los demandantes, Jesús Lafuente, en representación de CEOE Zaragoza, ha insistido en el perjuicio a los criterios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública que supondría la municipalización del servicio.

Por su parte, el abogado del Estado, Rafael Santacruz, ha explicado que con dicha decisión las trabajadoras podrían quedar en un "limbo" que les causaría un "perjuicio grave".

Ha considerado también que podría haber inconstitucionalidad en el modo de llevar a cabo la municipalización y, por tanto, ha aconsejado el mantenimiento de la suspensión, tal y como han hecho previamente los tribunales en la ciudad en otros casos.

En calidad de testigo y como administrador único de Pyrenalia, Juan Manuel Álvarez ha expresado su interés en que se solucione esta situación, que está causando "mucho daño" a la empresa.

Ha explicado que en septiembre de 2016 trasladaron al Ayuntamiento la decisión de no prestar más el servicio más allá de final de año debido a la situación "complicada" en que se encuentran, a lo que el Gobierno municipal les pidió "cierta flexibilidad" por si el proceso se dilataba durante los primeros meses de 2017, algo que aceptaron.

No obstante, ha reiterado que siguen en disposición de continuar prestando el servicio y de pagar los salarios de las trabajadoras, que ha asegurado que en este momento están al día aunque sí que ha reconocido que varios meses han ido con retraso.