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La Guardia Civil cree que CDC pudo desviar dinero al extranjero vendiendo su sede

Así se desprende de documentación relativa a esa operación que los agentes han incautado en el registro del despacho del extesorero de Convergència, Andreu Viloca.

La Guardia Civil cree que CDC pudo desviar dinero al extranjero vendiendo su sede.
Operación de la Guardia Civil contra la presunta financiación irregular de CDC
Efe

La Guardia Civil sospecha que CDC desvió dinero al extranjero a través de la venta de su sede central en Barcelona, según se desprende de documentación relativa a esa operación que los agentes incautaron en el registro del despacho del extesorero de CDC Andreu Viloca.

Según publica 'El Periódico de Cataluña' en su edición digital, un informe de la Guardia Civil incorporado al llamado 'caso del 3%' que investiga un juez de El Vendrell (Tarragona) revela que la mujer que figura como compradora de la sede de CDC en Barcelona tiene su domicilio en Hong Kong, que se encuentra en la lista de países no cooperativos con España en materia fiscal.

El acta notarial de esa compra, por la que CDC recibió 13,1 millones de euros, señala que la operación la firmaron el propio Viloca y el hindú Ravichadran Narasimhan, en nombre de la mercantil Synergy Inversiones 2014, cuya apoderada es una mujer con domicilio en Hong Kong que ostenta hasta 158 cargos en más de un centenar de empresas.

A la Guardia Civil le parece "significativa" la figura de esa mujer, "circunstancia que merecería ulteriores investigaciones a fin de descartar posibles montajes societarios para encubrir algún tipo de operación", según señala en su informe.

El escrito concluye que "convendría descartar que no se está en una operativa diseñada para poner bienes de CDC fuera del alcance de las autoridades españolas recurriendo a jurisdicciones no cooperativas".

Por su parte, el periódico 'El País' publica en su edición digital una auditoría interna de CDC, incluida en el sumario del 3%, que revela que el partido se embolsó 2,99 millones de euros entre 2009 y 2013 vendiendo en efectivo decenas de miles de "talonarios de 50 a 250 euros".

Ese sistema, según la auditoría, permitía a donantes anónimos comprar talonarios de donativos sin dejar rastro, pese a que la ley obliga a identificar a aquellos que aportan más de 300 euros a una formación política.

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