Una sala presidida por ex alto cargo de la Junta enjuiciará a Chaves y Griñán

La sección de la Audiencia de Sevilla, elegida por sorteo para celebrar el juicio, la encabeza Pedro Izquierdo, quien fue secretario general de la Junta de Andalucía.

Chaves y Griñán en fotos de archivo.
Chaves y Griñán niegan irregularidades y descartan el fraude en la Junta
Efe

La sección primera de la Audiencia de Sevilla que preside Pedro Izquierdo, ex alto cargo de la Junta de Andalucía, será la encargada de celebrar el juicio contra los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 24 ex altos cargos en la pieza política del caso de los ERE.

La sala se ha decidido en un sorteo celebrado este jueves entre las tres secciones penales con opciones para celebrar el juicio, cuya fecha y sede aún se tienen que fijar.

Entre las tres bolas introducidas en una botella de cuero usada antiguamente para el reparto de los sumarios, el secretario de la Audiencia, Luis Revilla, extrajo la del número 1.

El sorteo se hizo debido "a las excepcionales circunstancias de especial complejidad y de singular trascendencia mediática" de la causa, según la propuesta que hizo el presidente de la Audiencia de Sevilla, Damián Álvarez, y que aprobó esta semana el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Pedro Izquierdo, que fue secretario general para la Justicia de Andalucía entre 2008 y 2014, ha explicado a los periodistas que el tribunal que celebre el juicio se decidirá en otro sorteo entre los cinco magistrados que componen la sala.

Si él sale entre los que compongan el tribunal, Izquierdo ha dicho que entonces decidirá si se inhibe o no por su condición de ex alto cargo de la Junta.

"Tenía la esperanza de que la suerte no cayera" en la sección primera, ha reconocido el presidente de la sala, quien ha pedido "sosiego y tranquilidad" para poder celebrar el juicio, cuya fecha ha dicho que no puede precisar, aunque luego ha apuntado que el último que tienen señalado es para mayo próximo, el relativo a una violación mortal.

Este caso, que "no es uno más", va a afectar de forma "muy seria" al funcionamiento de su sección, ha añadido Izquierdo antes de manifestar su esperanza en que la Audiencia y el Consejo General del Poder Judicial adopten medidas para ello.

"No nos pongamos nerviosos, esto es trabajo nada más", ha afirmado el presidente de la sección primera antes de indicar que, a su juicio, hay otros temas igual de importantes desde el punto de vista de los derechos de los ciudadanos que su sala aborda a diario.

Tras concluir la instrucción del caso, que empezó en enero de 2011 la juez Mercedes Alaya, el juzgado de instrucción 6 de Sevilla lo ha elevado hoy a la Audiencia, tras lo cual se ha celebrado el sorteo.

Esta pieza política es la primera de las que se han concluido en el caso de los ERE, que acumula más de doscientos imputados y que dividió en noviembre de 2015 la juez María Núñez Bolaños tras las reiteradas negativas de Alaya a hacerlo.

Además de los expresidentes, la Audiencia de Sevilla ha confirmado el procesamiento de los exconsejeros del Gobierno andaluz Gaspar Zarrías, Magdalena Álvarez, José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo y Francisco Vallejo, y tiene aún que pronunciarse sobre los recursos de otros acusados.

Entre los procesados hay, además, un consejero más, dos exviceconsejeros, tres directores generales, dos secretarios generales técnicos de Empleo, un interventor general de la Junta y tres directores generales de la agencia pública IDEA.

El procedimiento, que se aplicó entre los años 2000 y 2011, tenía por objeto "eludir la aplicación de los procedimientos ordinarios y, en especial, los mecanismos de control previo de la Intervención General de la Junta de Andalucía", según explicó el juez de refuerzo Álvaro Martín en el auto de procesamiento.

Con este procedimiento se repartieron de forma discrecional o arbitraria al menos 854,8 millones de euros, indicó el juez.

La Fiscalía pide seis años de prisión y 30 de inhabilitación para Griñán por un delito continuado de malversación y otro de prevaricación, una pena superior a la de su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, por su actuación cuando fue consejero de Hacienda.

Para Chaves, la Fiscalía pide diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación, y solicita ocho años de prisión para los exconsejeros Viera, Fernández y Vallejo por el delito continuado de malversación, y seis años para otra exconsejera, Martínez Aguayo, por el mismo delito.

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