El fiscal general explicará en el Congreso por qué no acusó al presidente de Murcia

Poco más de dos meses después de tomar posesión del cargo, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, tendrá que acudir al Congreso a dar explicaciones sobre la primera gran polémica a la que se enfrenta: su decisión de no acusar al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en el caso Púnica.

El PSOE, Podemos, Ciudadanos y Compromís han pedido la comparecencia urgente de Maza para que explique si ha recibido instrucciones políticas para oponerse a que sean investigados tanto Sánchez como el expresidente de La Rioja y vicepresidente del Senado, Pedro Sanz.

Respecto al primero de ellos, en contra del criterio de las fiscales del caso, la Fiscalía General consideró que no hubo responsabilidad penal de Sánchez por intentar contratar los servicios de la trama Púnica para mejorar su reputación, dado que esos contratos no se firmaron y no hubo daño a las arcas públicas.

Maza, que se ha declarado "encantado" de ir al Congreso de los Diputados a dar las explicaciones oportunas, ha negado de forma tajante haber recibido "ninguna presión" para no actuar contra el presidente de Murcia.

Ha explicado que adoptó su decisión "con toda honestidad" y respaldado por informes de los fiscales de la Secretaría Técnica y por la opinión de los fiscales de la Sala de lo Penal del Supremo.

Y ha encontrado el respaldo del ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien ha negado injerencias del Ejecutivo en el trabajo de la Fiscalía y ha recordado a las fiscales del caso, que en caso de criterios discordantes, el que impera es el de sus superiores.

Las críticas de Catalá a las fiscales han sido interpretadas como una "amenaza" por la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que ha pedido por ello la dimisión del ministro.

El escrito en el que la Fiscalía pedía al juez no acusar a Pedro Antonio Sánchez lo firmó la teniente fiscal de Anticorrupción Belén Suárez, de acuerdo con el criterio marcado por Maza y en contra de la posición de las fiscales del caso, Carmen García Cerdá y Teresa Gálvez.

Éstas, en el escrito relativo a la otra aforada, la senadora del PP Pilar Barreiro, a la que sí que acusan, señalan que Pedro Antonio Sánchez, entonces consejero de Educación, también se habría beneficiado de un "plan criminal" para mejorar su imagen.

Según las fiscales, ese plan, de no haber sido "descubierto", habría supuesto un perjuicio a las arcas públicas, en concreto a las de la Consejería de Educación, de 2.100 euros mensuales en el caso de Barreiro y de 4.600 en el de Sánchez, siempre por trabajos "personales" o "particulares".

En cuanto al expresidente de La Rioja, la Fiscalía General ha emitido un comunicado en el que subraya la "rotunda falsedad" de la información del diario El Mundo en la que apunta que se ordenó a la Fiscalía riojana no acusar a Sanz por supuesta prevaricación urbanística en la construcción de un chalé. También la Fiscalía de La Rioja ha negado ese extremo.

Toda esta polémica ha surgido a escasos días de que, el próximo 22, el Consejo Fiscal afronte la renovación de 35 fiscalías, entre ellas Anticorrupción para la que se presentan seis miembros de esa fiscalía especial y un fiscal del Tribunal Supremo, Manuel Moix.

Al menos dos de las aspirantes a dirigir esa Fiscalía se han visto involucradas en el asunto de Púnica: la actual teniente fiscal y una de las que lleva la investigación a la familia Pujol, Belén Suárez, quien firmó el escrito dirigido al juez Eloy Velasco en el que se oponía a acusar a Pedro Antonio Sánchez, y Teresa Gálvez, una de las fiscales del caso que sí era partidaria de la acusación.

Y otro, Alejandro Luzón, fiscal del caso Bankia, es teniente fiscal de la Secretaría Técnica, cuyo informe, según ha dicho Maza, avaló que no se acusara al presidente de Murcia.