El cazador que mató a dos agentes rurales el pasado sábado inició pocos días antes del doble crimen el proceso para renovar la licencia de armas, en un trámite en el que aportó el preceptivo certificado médico psicotécnico que le calificaba como apto, han informado fuentes cercanas al caso.

El autor confeso del doble crimen, Ismael R.C., permanece en prisión provisional por haber matado el pasado sábado 21 de enero en Aspa (Lérida) a dos agentes rurales de cuatro disparos efectuados con una escopeta de caza para la que no tenía permiso de uso, ya que tenía caducado desde noviembre la licencia de armas tipo E, de caza menor.

Según las fuentes consultadas, durante la primera semana de enero el acusado acudió a la Inspección de Armas, dependiente de la Guardia Civil, para renovar el permiso E, para compaginarlo con el que sí tenía vigente, el D, de caza mayor.

Para iniciar este trámite administrativo, el cazador aportó toda la documentación necesaria, como la licencia de caza en vigor, expedida por la Generalitat, una póliza de seguro y el certificado médico, con un informe psicotécnico expedido por un centro oficial homologado por la Generalitat que le acreditaba como apto.

El informe psicotécnico que presentó y que le calificaba como apto estaba elaborado dentro del plazo establecido para este tipo de documentos, que caducan a los tres meses de su expedición.

La petición de renovación de la licencia todavía estaba en fase de estudio por parte de la inspección de armas cuando se cometió el doble crimen, según las fuentes.

Pese a que el cazador había sido denunciado en dos ocasiones en los últimos años por infracciones a la ley de caza, tanto por el cuerpo de Agentes Rurales -en 2013- como por la Guardia Civil -en 2010-, lo más probable es que hubiese obtenido la renovación de la licencia sin mayores problemas porque tenía toda la documentación en regla y ambos incidentes ya habían prescrito.

Al día siguiente de que el cazador matara a los dos agentes rurales y fuera detenido, la Guardia Civil se personó en su domicilio y decomisó el rifle de su propiedad asociado a su permiso de caza mayor, en este caso vigente. Este rifle permanece ahora en el depósito de armas de la Guardia Civil.

Según las fuentes consultadas, dos meses antes de que le expirara el permiso de caza menor -que caducaba a mediados de noviembre de 2016-, la Guardia Civil le remitió al cazador -en septiembre pasado- un certificado avisándole de que finalizaba el plazo.

Ante la falta de respuesta, la Guardia Civil se puso de nuevo en contacto con él para advertirle de que si no renovaba la licencia tendría que depositar las armas.

Ante esta situación, según las fuentes, el cazador acudió a Inspección de Armas, una semana después de que expirara su licencia y dentro del plazo establecido para ello, a entregar en el depósito una de sus cuatro escopetas y a transferir las otras tres -entre ellas la "Benelli" que utilizó para matar a los agentes rurales- a un cazador amigo.

Según sostiene el titular del juzgado de instrucción número 4 de Lérida, que es el que lleva el caso, Isamel R.C. decidió poner el arma con la que cometió el crimen a nombre de un amigo también cazador, y con licencia en vigor, para no tener que entregarla al depósito de la Guardia Civil.

El autor del doble crimen acudió a cazar el pasado sábado a un coto de Aspa (Lérida) junto a otros cazadores, si bien se quedó solo disparando en una zona de olivos, momento en que se le acercaron dos agentes rurales que le pidieron que descargara el arma, ante lo que el imputado se volvió y les disparó dos veces a cada uno, por lo que tuvo que recargar la escopeta.

Tras el tiroteo, se dirigió adonde se encontraban sus compañeros para explicarles que había matado a los agentes y, media hora después, el grupo decidió alertar de los hechos mediante una llamada al 112.

A raíz de este doble crimen, los agentes rurales que a partir de ahora participen en inspecciones ordinarias de caza irán armados, con chalecos antibalas y en grupos de tres, según una instrucción de la consellería de Agricultura, vigente de forma transitoria hasta acordar definitivamente los elementos de seguridad del cuerpo.