La Guardia Civil ha dado por finalizado poco después de las 16:00 el registro iniciado en la sede central de UGT-Asturias a primera hora de la mañana dentro de una operación para investigar la posible gestión irregular de fondos destinados a la formación para el empleo.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) han abandonado con varias cajas la sede sindical acompañados de uno de los seis detenidos en la operación, que ha sido conducido junto al resto de arrestados a las dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil en Oviedo a la espera de que mañana pasen a disposición judicial.

Detenciones

En la operación han sido detenidos el secretario general de UGT-Asturias entre 2000 y 2016, Justo Rodríguez Braga; los dos últimos responsables de Formación en las ejecutivas que dirigía, Daniel Rodríguez y Manuel Díaz Cancio, así como la exresponsable de Comunicación y exconcejal del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo, Carmen Caballero.

La relación de arrestados se completa con un trabajador del departamento de contabilidad y nóminas del sindicato, Alberto G.C., y una empleada del Instituto de Formación y Estudios Sociales, Silvia S.F..

Las detenciones se han llevado a cabo en distintos puntos del Principado a primeras horas de la mañana coincidiendo con el registro que agentes de la Unidad Operativa Central de la Guardia Civil han llevado a cabo en la sede regional de UGT centrado en los locales de la sede regional del sindicato y de INFASTUR e IFES.

Los registros se han llevado a cabo con el apoyo de la Comandancia de Oviedo por orden del Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo al amparo de las diligencias que tiene abiertas por las presuntas irregularidades en la gestión de las subvenciones para formación del sindicato.

La Fiscalía denunció en 2015 al sindicato en Asturias ante el juzgado por la supuesta actuación fraudulenta en materia de subvenciones públicas llevada a cabo a través de su fundación, el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES).

La denuncia respondía a la investigación de la Guardia Civil que, desde 2014, investigaba a UGT de Asturias por presuntos delitos contra la Hacienda Pública (desvío de fondos para las subvenciones) y falsedad documental.