El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado este viernes que aplaza la aprobación del código de buenas prácticas para facilitar la reclamación a los bancos de clientes afectados por las cláusulas suelo, pero se compromete a encontrar una solución extrajudicial.

La idea inicial del Ejecutivo era sacar adelante este viernes mismo un decreto ley con dicho código, al que se suscribirían de forma voluntaria las entidades con hipotecas que impiden beneficiarse de las rebajas del euríbor a partir de un determinado nivel.

Sin embargo, ante la oposición del PSOE, que aboga por un sistema obligatorio, el Gobierno "hará todo lo posible" para que los afectados puedan recuperar su dinero "sin tener que ir necesariamente a los tribunales", ha añadido Rajoy al final de la rueda de prensa para hacer balance del año.

El jefe del Ejecutivo ha insistido en que, aunque no es competencia del Gobierno, este actuará porque es un problema "que afecta a mucha gente" y "de una cuantía económica considerable", y ha adelantado que en un futuro concretará un "procedimiento" que evite en la medida de lo posible acudir a los tribunales.

Desde la semana pasada, el Ministerio de Economía ha trabajado para sacar adelante un código de buenas prácticas que obligaría a las entidades a dar a los cerca de dos millones de afectados la opción de recuperar el dinero en efectivo o amortizando parte de la hipoteca pendiente.

Esta oferta, según confirmaron fuentes financieras, se recogía en este nuevo código, al que se suscribirán de forma voluntaria aquellas entidades que comercializaron hipotecas con cláusulas suelo.

No obstante, el grupo parlamentario socialista avanzó el juevse que no apoyaría esta medida porque dejaba a voluntad de los bancos su adhesión y sigue apostando por establecer un procedimiento extrajudicial al que se tengan que acoger todas las entidades.

Para el PSOE resultaba "inaceptable" el código de buenas prácticas que promovía el Gobierno porque "se inclina hacia los bancos y no hacia los afectados".

La solución para agilizar la devolución del dinero, a juicio del principal partido de la oposición, debe ser un procedimiento extrajudicial "rápido, eficaz y con coste cero" para el cliente y sin quitas.