A la reunión de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, con Inés Arrimadas y Miquel Iceta en Barcelona y a la apertura de su nuevo despacho en la Delegación del Gobierno en la capital catalana, el presidente de la Generalitat ha respondido con la convocatoria de una cumbre de los partidos y entidades que forman parte del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir para manifestar que siguen en el empeño de convocar el referéndum por la independencia, y además con las declaraciones del vicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, acerca de que la consulta se podría adelantar en respuesta a determinadas actuaciones del Gobierno central.

Es decir, desde el Ejecutivo catalán se ha respondido al cambio de estrategia del Gobierno central basada ahora en el intento de recuperar el diálogo, rebajar la tensión judicial y el estudio de las necesidades de Cataluña sobre infraestructuras y financiación con un más de lo mismo –referéndum– corregido y aumentado que responde, según Oriol Junqueras, a la desconfianza en que puedan llegar a buen puerto, y que no oculta que cualquier decisión que no conlleve la aceptación del referéndum no les vale.

Pero también responde al miedo de que el ‘souflé’ independentista vaya poco a poco bajando si la decisión del Gobierno de abordar en forma seria los problemas de Cataluña da sus frutos. De ahí también que la CUP, con sus diez diputados que conforman la mayoría absoluta de independentistas en su Parlamento, no baje la guardia y mantenga su amenaza de romper con Junts pel Sí y dejar caer a Carles Puigdemont no aprobando los presupuestos, si da muestras de tibieza con el ‘referéndum sí o sí’. Es dudoso que lleguen a concretarla por el riesgo de que los ciudadanos retiren esa mayoría en las urnas a los partidarios del ‘proces’ independentista.

No obstante, y aunque puedan destensarse los conflictos judiciales planteados entre ambas partes que están en estudio en el Tribunal Constitucional, hay otra acciones judiciales que no han llegado tan arriba pero que pueden ser determinantes en el rumbo del nuevo clima que quiere implantar La Moncloa, como los procesamientos de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y del portavoz de PdeCat en el Congreso, Frances Homs, y que Junqueras considera un ataque contra las instituciones catalanas y, por tanto, ‘casus belli’ para adelantar la celebración del referéndum.

Pero también el Gobierno debe darse prisa y pasar de proclamar el diálogo a hacerlo efectivo, a que la mano tendida de la vicepresidenta lleve acompasados acuerdos sobre algunas de las 46 demandas que hizo el Ejecutivo catalán y que durante meses han dormido en un cajón, sin que ninguno de los ministros del Gobierno afectado por ellas diera un paso para resolver los contenciosos pendientes.

La verdadera prueba para comprobar si el diálogo se puede restablecer o recomponer entre ambos ejecutivos será la Conferencia de Presidentes, aún sin fecha, a la que Carles Puigdemont, por el momento, no tiene intención de acudir y en la que se abordarán cuestiones del día a día que afectan a los ciudadanos al margen de la independencia. El Gobierno catalán sigue en la estrategia de acción-reacción anteponiendo el referéndum a cualquier posibilidad de diálogo que no lo prevea.