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Colombia

España extradita al "Mengele" de las FARC por 300 abortos forzados a guerrilleras

Muchas de las mujeres eran menores y les practicaba abortos con hasta ocho meses de embarazo, en medio de la selva y sin anestesia.

María Traspaderne. Madrid Actualizada 26/11/2016 a las 13:18
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Héctor Albeidis Arboleda

 "El Enfermero", "El Médico", "El Mono" o "El Zarco". Son los sobrenombres con los que las FARC llamaban a Héctor Albeidis Arboleda, que será extraditado a Colombia por haber practicado 300 abortos forzados a guerrilleras, muchas menores y con embarazos de hasta ocho meses, en medio de la selva y sin anestesia.

Albeidis -también conocido como el "Mengele" de las FARC- ni es médico, ni es enfermero. Abandonó sus estudios de Enfermería, pero esa escasa formación fue suficiente para que las FARC contaran con él para llevar a cabo una práctica que deja "relatos escalofriantes" de sus víctimas, algunas reclutadas a la fuerza y violadas y que no podían negarse a los abortos amenazadas de muerte.

La justicia española ha decidido extraditar a Colombia a este hombre que aterrizó en 2005 en España, donde ha residido hasta su detención en 2015 acusado de una larga lista de delitos: torturas, homicidio, asociación criminal y crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Torturas por el maltrato al que sometía las mujeres como "castigo" por quedarse embarazadas, homicidio por poner en riesgo su vida y por los bebés que dejó morir tras ser sacados a la fuerza del cuerpo de sus madres, y delitos de guerra porque los abortos se enmarcaron en un contexto de conflicto contra víctimas protegidas de diversos colectivos indígenas.

En el auto de extradición, la sección segunda de la Audiencia Nacional explica cómo entre 1998 y 2004 las FARC usaron a las mujeres como "instrumento de guerra" y las obligaron, con la ayuda de "El Enfermero", a abortar para que sus hijos no fueran un problema de cara a la lucha.

Albeidis -que también colaboró con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Revolucionario Guevarista (ERG)- lo hacía forzándolas a beber químicos que las harían perder a sus bebés u operándolas en medio de la selva con "rudimentarios procedimientos", en "condiciones infrahumanas" y sin anestesia, con lo que llegaban a perder el conocimiento del intenso dolor.

El relato de los hechos, armado a partir de las declaraciones de víctimas y testigos, deja historias "escalofriantes", avisa el tribunal español, como las de las mujeres que "vieron el producto de sus embarazos deseados despedazados, vieron sus hijos llorar y morir" y oyeron a "El Enfermero" decir que a los bebés "había que picarles y tirarles al sanitario o a la basura".

Otras contemplaron a los bebés de sus compañeras tirados en un barranco, con lo que también se les privaba del derecho a enterrarlos y les dejaba al nivel de "seres irracionales".

Algunas operaciones se hacían en cuartos de hotel en camillas "amarradas con plásticos de llantas" o en el suelo sobre plásticos cubiertos con hojas, donde "a las mujeres se les practicaban los abortos, una detrás de otra, sin siquiera limpiar la sangre de las que ya habían abortado".

Destaca el tribunal las palabras de un testigo que vio nacer a dos niños vivos en 2002, que "El Enfermero" dejó tirados en el plástico. Cuando le avisó de que vivían, Albeidis respondió que "no había nada que hacer porque las guerrilleras no podían criarlos y había que dejarlos que murieran".

Acto seguido, relató, le mandó tirar los cuerpos de los bebés a un hueco que se usaba como letrina.

El acusado, de 41 años y que tiene una enfermedad degenerativa, salió de su país en 2005 y pidió asilo en España. Le fue denegado, pero años después obtuvo la nacionalidad española.

En 2015 se le detuvo en Madrid y fue puesto luego en libertad en espera de la vista de extradición, pero a raíz de la luz verde a la entrega la Audiencia Nacional ha decidido arrestarle de nuevo para que no se fugue.

En la vista, alegó que la petición de entrega tiene motivaciones políticas, que por su condición de homosexual recibirá maltrato en las cárceles colombianas y que los delitos están prescritos, pero ninguno de sus argumentos han sido considerados por el tribunal.

"La procedencia de la entrega es clara", dicen los magistrados, ya que los hechos se cometieron en Colombia y es "muy difícil, sino imposible" juzgarlos en España.




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