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La rotonda

Intimidados

En la era de la posverdad, los hechos son irrelevantes en las redes y proliferan las falsedades. Por eso la legislación que actúa en la vida tangible ha de aplicarse en la virtual, para que cese la impunidad basada en el anonimato o la fuerza.

Genoveva Crespo 25/11/2016 a las 06:00

Uno de los axiomas del periodismo es que, en tiempos de guerra, la primera víctima es la verdad. A la vista del gran debate abierto en las últimas semanas sobre el espacio que ha copado la impostura en las redes sociales y, por lo tanto, en la percepción de nuestra sociedad, parecería que estuviéramos en estado de guerra. Desde luego, lo que sí estamos es intimidados. Como algunos lectores de HERALDO recordarán, yo escribí mucho en estas agradecidas páginas. He vuelto a hacerlo este otoño, doce años después, la edad que tiene Facebook, y cuando Twitter cumple una década. Casi ‘una era’ mediante, en la que las reglas de la información han cambiado radicalmente.

Es cierto que, en la era anterior, el lector tenía menos espacio, pero también lo es que, en ese pasado reciente, cada uno desempeñaba su papel con su rúbrica al pie. Hoy, el derecho a la libertad de expresión consagrado en el artículo 20 de la Constitución, tan avanzado en su momento, parece la protección de un derecho fosilizado. Ahora, si algo necesitan los ciudadanos es la protección frente a la infamia. Al volver a escribir, no sólo piensas en aportar algún dato, reflexión u opinión que pueden ser de interés para los lectores. Hay que superar además el temor a la intimidación que produce saber que, según qué temas se aborden o en qué ámbito se exprese, no faltarán bidones de gasolina para, a menudo desde el anonimato o la fuerza del grupo, quemar vivo al osado que da la cara.

Porque, a la vez, la competencia ‘informativa’ más intensa viene de esa posverdad para la que los hechos son irrelevantes, tal y como lo describía Katharine Viner, directora de ‘The Guardian’, en ‘Como la tecnología altera la verdad’. Se trata de una profunda reflexión (sí, tiene varias páginas, fácilmente encontrables en internet, la parte buena de la tecnología), publicada tras el ‘brexit’ y el ascenso de Trump a candidato.

En estos pocos meses, posverdad se ha convertido en la palabra del año para el Diccionario Oxford. Y este fenómeno ha generado una gran cola que, incluso, ha llevado a Facebook a anunciar siete medidas contra las noticias falsas, después de que haya sido soporte de noticias manipuladas para favorecer a Trump. Facebook tiene 1.700 millones de usuarios; 1.200 de ellos se conectan cada día y, para un elevadísimo porcentaje es su principal fuente de información. Y Trump ganó.

Frente a este perfil de audiencias, el espacio de lo racional y el contraste de pareceres merma. Y crece para la manipulación y el linchamiento del que no comulga. No se quiere progresar como enseña la ciencia (tesis, antítesis y síntesis), sino profesar ‘mi fe’, la verdadera, y escuchar sólo a sus apóstoles. Por eso, hoy, para muchos colectivos, la libertad de expresión como garante del contraste de ideas, lealmente expuestas, ni se entiende. Así, no sorprende que los profesores de Secundaria denuncien que son objeto de acoso en las redes sociales. Cualquier grupo de padres o de alumnos, con el poder que confiere la masa (y de la que es difícil desmarcarse), se siente con fuerza para pedir la sustitución de un profesor, minar su autoridad, distribuir imágenes vejatorias o falsas acusaciones. También intimidados. Los educadores, fundamentales para contener la pandemia, desamparados.

Y todos –ofendidos, legisladores, vigilantes...– parecemos resignados ante esta perversa infección social, refractaria a la autorregulación, el respeto a la verdad, la ética… Pero, ante los nuevos paradigmas, la legislación que actúa en la vida tangible debería operar en la virtual. La libertad de expresión que consagra nuestra Constitución tiene límites: el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen y la protección de la infancia.

Hace poco se ha condenado a un penado por difamación a difundir determinado número de tuits asumiendo el delito cometido. Difícilmente reparará el daño causado. Pero al menos, se ha actuado. Ni un delito desde el anonimato o estaremos mucho peor que intimidados. Y sí, nuestra Constitución también amparaba a la desaparecida Barberá, y quizá también por eso ha conmocionado tanto su muerte.




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