Ciudadanos ha pedido que se tomen medidas para que esta temporada invernal las compañías eléctricas no corten los servicios mínimos, de luz y gas, a los casos de familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad energética severa.

La portavoz adjunta del grupo parlamentario de Ciudadanos en el Congreso, Melisa Rodríguez, ha recordado que el pasado 5 de octubre la Comisión de Industria aprobó instar al Gobierno a que adoptara medidas para garantizar que las empresas no lleven a cabo cortes de suministro durante el período invernal sobre los colectivos que más sufren la pobreza energética.

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, se reúne este jueves con los representantes de todos los grupos parlamentarios para abordar precisamente estos temas, así como la financiación del denominado bono social al que pueden acogerse determinados colectivos, como las familias numerosas.

La diputada de Ciudadanos ha afirmado que hay que tratar en profundidad los diferentes casos de pobreza energética para detectar los tipos de vulnerabilidad con el fin de establecer criterios reales para dar el bono social.

En este sentido, ha abogado por introducir criterios de renta y estudiar baremos como el número de personas que viven en ese hogar vulnerable o si hay dependientes a cargo.

"La pobreza energética severa también hay que tratarla para que llegue la ayuda a los que no la reciben y estudiar todo tipo de pobreza, ya que los criterios de ahora no son suficientes para muchas familias", ha dicho.

Rodríguez ha criticado que actualmente la regulación que existe "sí permite a las compañías eléctricas hacer cortes con el criterio de una deuda acumulada de 6 meses, con lo que hay una desprotección".

En el caso de la mujer fallecida en Reus ha lamentado que la "grasa" administrativa y el exceso de protocolos en torno a la publicación de notificaciones hiciera que la información no trascendiera y se cortara la luz a una persona que estaba en necesidad extrema.

La comisión de Industria del Congreso aprobó en octubre instar al Ejecutivo a adoptar medidas que garantizaran que las empresas eléctricas no cortaran el suministro en temporadas de invierno a los usuarios que tuvieran reconocida la condición de consumidores vulnerables.

La iniciativa que partía de Ciudadanos fue transaccionada con el PSOE y el PP y apoyada por la mayoría de los grupos parlamentarios.

La proposición no de ley contemplaba que las empresas suministradoras tengan la obligación de avisar previamente ante una eventual interrupción del suministro para que los servicios sociales puedan hacer una valoración de la situación de los afectados.

También pedía que se regule un nuevo sistema de acceso mínimo garantizado a los suministros básicos de electricidad, gas natural y gas butano para todos los hogares con poder adquisitivo reducido, así como la creación de un fondo para la protección de consumidores con riesgo de exclusión.