A estas alturas, es difícil predecir cuál será la última vuelta de tuerca en el vodevil del PSOE, pero la situación no puede ser más extrema. La batalla sin precedentes que libran Pedro Sánchez y sus críticos –entre los que se encuentran casi todos los presidentes autonómicos y los históricos líderes del partido– tuvo ayer uno de sus episodios más dramáticos. Después de mucho amagar, la oposición interna presentó la dimisión de 17 miembros de la Ejecutiva con el propósito de fulminar así al secretario general. Pero lo que parecía un golpe mortal quizá no lo sea tanto. En el núcleo duro de la dirección se aferran a la literalidad de los estatutos del partido para resistir en el cargo y mantener, sin apenas variación, su plan de convocar un congreso que los apuntale.

La clave de la disputa, que puede acabar incluso en los tribunales, se encuentra en el artículo 36 de las normas de funcionamiento interno. En él se especifica que "cuando las vacantes en la comisión ejecutiva federal afecten a la secretaría general o a la mitad más uno de sus miembros, el Comité Federal (máximo órgano entre congresos) deberá convocar un congreso extraordinario para la elección de una nueva comisión ejecutiva federal".

Las dos posturas

Los críticos sostienen que de ahí se colige que la ejecutiva vigente en el momento en el que se producen las "vacantes" debe extinguirse de manera automática y ser sustituida temporalmente por una gestora; los oficialistas defienden que este órgano simplemente pasa a estar en funciones con el único mandato de convocar un Comité Federal que, a su vez, fije un cónclave de renovación del liderazgo.

Conforme a esa última interpretación, el secretario de Organización, César Luena, anunció que mismo se reunirá la dirección –esto es, los 18 miembros que no han dimitido– para citar oficialmente a un encuentro del órgano supremo del PSOE que habría de aprobar las fechas y el reglamento del próximo congreso. Ya no será el 39º, como tenían planeado, sino uno de carácter extraordinario. La diferencia entre uno y otro es que en el segundo únicamente se elige al secretario general y a la dirección, mientras que en los ordinarios se aprueban también ponencias y una línea de actuación.

"Nosotros vamos a defender siempre la democracia y los derechos de los militantes. Me pregunto si quienes no quieren que los militantes hablen pueden dirigir el PSOE", alegó Luena sin citar, pero apuntando a Susana Díaz. Ese mensaje entra como un cañón entre las bases del partido, más temperamentales que los posibilistas dirigentes, y Sánchez siempre ha tenido claro que, como primer secretario general elegido por voto directo y no por delegados, envolverse en él sería su mejor escudo frente a los líderes territoriales críticos.

Lo llamativo es que el número dos del PSOE no negó la legalidad del alzamiento de sus adversarios. Durante todo el día, en Ferraz se estuvo dando vueltas a la idea de negar que la dimisión de 17 miembros de la ejecutiva bastara para aplicar el citado artículo. La ejecutiva estaba originariamente conformada por 38 miembros, pero ya tenía tres vacantes, la del fallecido Pedro Zerolo y la de otros dos dirigentes que abandonaron por investigaciones judiciales y discrepancias, Ramón Gómez Besteiro y Javier Abreu. Las 17 bajas de los críticos más las tres previas suman 20. "Están utilizando a un muerto; es de muy mal gusto, pero no vamos a entrar ahí", dicen los oficialistas.

Los críticos se aferraron a esa claudicación mínima como una pequeña victoria a partir de la que tratarán de impulsar su causa. El secretario de Política Federal, Antonio Pradas, encargado de entregar en Ferraz las cartas de dimisión, defendió que todos los precedentes en la historia del partido avalan sus tesis de que ni Sánchez es ya secretario general ni "el compañero Luena" secretario de Organización.

En realidad, nunca se había dado esta situación de manera exacta, pero sí han ocurrido cosas similares en ejecutivas regionales. El caso más reciente fue, paradójicamente, el del golpe organizado por el exsecretario de Castilla y León, Óscar López, contra su sucesor, Julio Villarrubia, en 2014. López es ahora portavoz en el Senado y, junto con Antonio Hernando, portavoz en el Congreso, uno de los hombres fuertes del secretario general.

La atrincherada dirección replica que, tras evacuar consultas jurídicas, un caso y otro no son comparables. En Castilla y León fue la ejecutiva federal quien supervisó el proceso de creación de una gestora, pero en este caso no hay, dicen, ningún otro órgano por encima. El crítico Pradas, andaluz fiel a Susana Díaz, admitió que no se dé por buena sin más su interpretación, pero exigió que se convoque la Comisión de Garantías para que sea esta la que dilucide. Esa comisión, en la que son mayoría los antisanchistas, se reunirá también.

Más allá de la pelea jurídica, lo ocurrido tiene una enorme transcendencia política. Entre los dimisionarios se encuentran la presidenta del partido, Micaela Navarro, dos presidentes autonómicos y la mayoría de los miembros de la potente federación andaluza salvo una, María Luisa Faneca. Lo que se está produciendo en el PSOE es, pues, una brecha abismal que puede acabar haciendo trizas la organización. "Nuestro problema –se quejaba con amargura este mismo lunes uno de los pocos no alineados– es que nos hemos perdido el respeto".

La prueba del deterioro de las relaciones está en el detalle de que a Pradas ni siquiera se le permitiera recoger ayer los efectos personales de su despacho. Incluso a la prensa se le despachó minutos después de la intervención de Luena y se le conminó a abandonar Ferraz, donde hay una sala de prensa habilitada para su trabajo.