Bárcenas alega motivos económicos para justificar su retirada de la causa de los ordenadores
En la causa de los ordenadores ejercen la acusación otras partes, como la Asociación Libre de Abogados.
El extesorero del PP Luis Bárcenas alega motivos económicos para justificar su retirada de la acusación contra el PP en la causa que investiga la destrucción de los discos duros de los ordenadores que empleaba en la sede del partido en la calle Génova de Madrid, han informado a Europa Press fuentes de su entorno.
Bárcenas dio este lunes instrucciones a su abogado, Francisco Maroto, para apartarse de este procedimiento en el que la titular del Juzgado de Instrucción 32 de Madrid, Rosa María Freire, procesó el pasado mes de julio al partido, su tesorera Carmen Navarro, el informático José Manuel Moreno y el abogado de la formación Alberto Durán, por la eliminación de los discos duros.
El extesorero sostiene en la actualidad una quincena de pleitos, la mayoría de ellos contra el PP o algunos de sus dirigentes. Solicitó el pasado mes de marzo a la Audiencia Nacional el desbloqueo de 10.000 euros de sus cuentas para hacer frente a los gastos de su equipo jurídico.
Además de las causas relacionadas con la trama Gürtel -una de las cuales le sentará en el banquillo de los acusados a partir del próximo 4 de octubre- sus abogados asumen su defensa en procedimientos relacionados con su despido de la formación, en los Juzgados de Instrucción de Madrid. También está inmerso, entre otros, en un procedimiento en Cádiz tras la demanda presentada por la exalcaldesa Teófila Martínez y en tres como demandante y recurrente contra la secretaria general del PP María Dolores de Cospedal. Fue, además, demandado por la exministra 'popular' Ana Palacio y se querelló contra el vicesecretario Javier Maroto y Concepción Gamarra, alcaldesa de Logroño.
En la causa de los ordenadores ejercen la acusación otras partes, como la Asociación Libre de Abogados (ALA) o Izquierda Unida, lo que garantiza su continuidad. El procesamiento fue recurrido por el PP y la Fiscalía en reforma a principios de verano.
La magistrada concluyó entonces la instrucción y transformó las diligencias previas en procedimiento abreviado. Acusó a todos ellos de la comisión de delitos de daños informáticos y encubrimiento por destruir los portátiles a "conciencia mediante el sistema de borrado más drástico, el de sobreescritura de 35 pasadas y rallado hasta su destrucción física".
