Sumelzo asegura que el PSOE recuperará la ley de dependencia

La cabeza de lista al Congreso por Zaragoza opina que el PP derogó "de hecho" la ley.

Susana Sumelzo en Delicias
Susana Sumelzo
Guillermo Mestre

La cabeza de lista del PSOE al Congreso por Zaragoza, Susana Sumelzo, ha asegurado que los socialistas, en cuanto lleguen al gobierno, recuperarán la ley de la dependencia que el PP derogó "de hecho", aunque no de derecho, la pasada legislatura.


En la presentación de las medidas sociales y relacionadas con la dependencia que el PSOE incluye en su programa electoral, Sumelzo ha insistido en que una de sus "mayores propuestas y más importantes" es retomar la ley de dependencia que un gobierno socialista aprobó y que "tanto ha ayudado a tantas personas, a pesar de la paralización del PP".


En este sentido, ha considerado que los populares fueron "poco valientes", ya que en lugar de "dejar a cero" la ley, si no creían en ella lo que tenían que haber hecho era "llevarla al Parlamento y derogarla".


Además, ha insistido en que hay que recuperar la cotización a la Seguridad Social de las personas que atienden a los dependientes, en su mayoría mujeres que dejan de trabajar y que deben de contar con esta oportunidad para que en el futuro "puedan tener una pensión".


En el acto ha estado presente la actual consejera de Derechos Sociales y Ciudadanía del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, quien ha explicado que el ejecutivo del que forma parte ha atendido a más de 1.800 personas, después de la "sangría constante" de dependientes que dejaron de recibir sus prestaciones con el gobierno de la popular Luisa Fernanda Rudi.


Y además de incrementar las plazas en residencias o centros de día, se han puesto en marcha recursos como la ayuda a domicilio para dependientes, la teleasistencia y la asistencia personal.


"Hemos dado la vuelta a la aplicación de la ley y con otro gobierno en España podríamos lograr que la ley se cumpliera", ha enfatizado.

Ha recordado, además, que la ley establece que la financiación es asumida al 50 por ciento por el Gobierno de España y por el de Aragón, pero que actualmente el ejecutivo autonómico asume el 81 por ciento.

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