Los okupas del 'banco expropiado', a los que el entonces alcalde Xavier Trias pagó en 2015 un alquiler de 65.500 euros para evitar su desalojo, han prometido ser la "peor pesadilla" para la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que no renovó el pago, lo que ha dado pie al operativo para su desalojo.

Los Mossos d'Esquadra han iniciado hoy en el barrio de Gràcia de Barcelona el desalojo por orden judicial del autodenominado 'banco expropiado', una antigua sucursal bancaria okupada en 2011, que el entonces alcalde Xavier Trias (CiU) amnistió en 2015 al asumir el consistorio los 65.500 euros del alquiler anual.

En un mensaje colgado en las redes sociales, el colectivo de okupas del 'banco expropiado' ha advertido a la alcaldesa Ada Colau (BComú) y al concejal Jaume Asens que se convertirán en su "peor pesadilla", responsabilizándoles así del desalojo.

El edificio, que actualmente es propiedad de una sociedad mercantil, había acogido una sucursal bancaria, hasta que quedó en desuso y fue okupado en 2011.

El propietario del inmueble inició los trámites para instar al desalojo y, cuando el proceso estaba a punto de culminar en 2015, el entonces alcalde Xavier Trias, a las puertas de las elecciones municipales de mayo pasado, acordó que el Ayuntamiento asumiera el coste del alquiler para todo el año, cifrado en 66.500 euros, con lo que los okupas pudieron permanecer en el local sin riesgo de desalojo a costa el erario público.

Una vez que el equipo de Ada Colau (BComú) ganó las elecciones, la entonces concejal del distrito de Gràcia Maite Fandos, antes de dejar el cargo, informó al colectivo okupa de que el consistorio les pagaba el alquiler hasta final de año, por razones de interés social, si bien los okupas aseguraron que el equipo de Trias pretendía "comprar la paz social en un año delicado de elecciones".

El nuevo equipo de gobierno de Colau intentó cancelar el contrato de alquiler, al entender que no se tenían que pagar 5.500 euros en alquiler mensual para sostener un edificio okupado.

Sin embargo, el contrato de alquiler, que se firmó poco después de los incidentes por el desalojo de Can Vies -que provocaron durante días una batalla campal en Barcelona-, tenía una cláusula que provocaba que, en caso de cancelación, el coste era aún superior que pagar el alquiler mensual hasta finales de año.

Por este motivo, el Ayuntamiento de Barcelona aguardó a que finalizará el contrato y el 1 de enero de 2016 dejó de pagar el alquiler, ante lo que el propietario reactivó el procedimiento que había dejado en suspenso, para lograr el desalojo que los Mossos están llevando hoy a cabo.