​El empresario que tenía una "habilidad especial" para acertar los precios

La número 2 de Acuamed, Gabriela Mañueco, declaró ante el juez que investiga el fraude millonario en la empresa pública, que el empresario Nicolás Steegmann no recibía información privilegiada sobre los concursos, sino que tenía "una habilidad especial" para acertar con el precio de las ofertas.

Mañueco, directora de Ingeniera y Construcción de la empresa pública que fue detenida en la operación Frontino, dio esa explicación al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco durante su declaración.

El juez se interesó, entre otras cuestiones, por los contratos adjudicados a la constructora Altyum, anteriormente llamada Altec, cuyo presidente es Steegmann, quien de hecho había trabajado previamente en la empresa pública.

Velasco preguntó a Mañueco por qué tres de los seis contratos presuntamente fraudulentos que han sido investigados se adjudicaron a la empresa de Steegmann y le sugirió si era porque recibía información con anterioridad por su relación el director general de Acuamed, Arcadio Mateo.

"Nosotros siempre comentábamos que Steegman tenía una habilidad especial que desconozco cuál es para acertar con el precio de las ofertas", respondió la directiva de la empresa pública, quien posteriormente aseguró que esa habilidad no consistía en tener más información que los demás competidores, al menos con su conocimiento.

Por su parte, Steegman se limitó a alegar al juez Eloy Velasco que los contratos de su empresa con Acuamed "no estaban sujetos a la ley de contratos del Estado" para después negarse a declarar por estar secreta la causa, por la que estuvo casi tres meses en prisión.

El día que compareció ante el juez de la Audiencia Nacional a raíz de su detención en la operación Frontino el pasado enero, Velasco le comunicó que se le imputaban "conciertos, conchabes y connivencias" con Acuamed a través de su director Arcadio Mateo "y otras personas del equipo de confianza de él", según el audio de su declaración.

Se refería a los contratos referentes al Cerro Colorado de Murcia y a la presa de Antiavenidas del río Serpis en los que, según el juez, se habrían cometido "enormes irregularidades que han supuesto enorme perjuicio al arca pública", falsificando para ello documentos "causando un fraude y enorme perjuicio a la administración".

Le acusó también el juez -que en abril le dejó en libertad bajo fianza de 600.000 euros- de obligar a despedir a funcionarios públicos y de inducirles también a prevaricar.

"Se han llegado a despedir a personas por obra de usted", hizo constar Velasco, al señalar que también hay indicios de que trató que funcionarios certificasen "obra en falso" o contratos "por obra que no ha existido".

Por todo ello, le atribuyó delitos de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, cohecho y concertación para alterar los precios en las contratas públicas.

La fiscal Anticorrupción Inmaculada Violán, que pidió para él la prisión provisional, sostuvo por su parte que existían "indicios solidos" de "manipulaciones de informes, alteraciones de la puntuaciones de las adjudicaciones, incluso ejerciendo en alguna ocasión algo que pudiera ir más allá de la simple influencia en los funcionarios encargados de llevar a cabo la valoración" lo pudo provocar unas adjudicaciones "no acordes" a la norma y todo ello "en concierto".