El PP suspende al alcalde de Granada pero él se niega a dimitir
José Torres Hurtado e Isabel Nieto han sido detenidos por supuestas actuaciones urbanísticas irregulares.
El alcalde de Granada, José Torres Hurtado, y su concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, han sido detenidos este miércoles en una operación contra la corrupción urbanística y puestos en libertad tras declarar ante la Policía, lo que ha llevado al PP a suspenderlos cautelarmente de militancia.
El Juzgado de Instrucción número 2 de Granada se ha hecho cargo de esta investigación y trata de determinar si se cometieron delitos de cohecho, fraude, asociación ilícita, estafa, prevaricación, tráfico de influencias, malversación y falsedad, además de delitos de administración desleal y contra la ordenación del territorio, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
En total son diecisiete las personas investigadas, entre ellas responsables del equipo de Urbanismo del Ayuntamiento granadino y empresarios, en el marco de unas diligencias, declaradas secretas, que dirige la titular del citado Juzgado, María de los Ángeles Jiménez.
Según han informado fuentes de la investigación, tanto el alcalde y la concejal como el resto de los investigados han sido trasladados a la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental, donde les han informado de su situación procesal y les han entregado la citación para comparecer ante la juez que instruye la causa.
En el caso del alcalde, fue a primeras horas de esta mañana cuando se personaron en su domicilio -según él mismo ha relatado- una funcionaria judicial y más de una docena de agentes que le informaron de que iban a registrar su casa, con él en calidad de detenido, registro que luego se trasladó al Ayuntamiento.
El alcalde ha comparecido en rueda de prensa para defender su inocencia, negar que haya habido corrupción durante sus mandatos y asegurar que seguirá trabajando por la ciudad el tiempo, ha dicho, que le "corresponda", le "dejen" o se lo permita su salud.
Torres Hurtado, de 69 años, ha dicho que desconoce los motivos por los que está siendo investigado y que nadie le ha pedido su dimisión en el partido.
Durante su comparecencia ante los medios, el Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP ha emitido un comunicado informando de la suspensión cautelar de militancia del regidor y de la concejal.
Posteriormente, la secretaria general del PP andaluz, Dolores López, ha pedido al alcalde que dimita para favorecer "la estabilidad y la gobernabilidad" del ayuntamiento granadino.
La operación, llevada a cabo por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, ha incluido una veintena de registros en domicilios, entre ellos los del alcalde y la concejal de Urbanismo, en sedes sociales y oficinas públicas y privadas de empresas vinculadas a esta ciudad, además de en dependencias municipales como alcaldía y secretaría y la sede de Urbanismo.
El Juzgado número 2 de la ciudad, promotor de las diligencias, instruye desde el 2014 el conocido como caso Serrallo, en el que hasta ahora estaban siendo investigados la concejal de Urbanismo, un promotor y cinco altos cargos de Urbanismo del Ayuntamiento.
Según el alto tribunal andaluz, las diligencias practicadas hoy tienen por objeto investigar la existencia de una trama corrupta en el área de Urbanismo del Ayuntamiento, en virtud de dos querellas interpuestas por la Fiscalía de Urbanismo y la de Medio Ambiente.
Por tanto, según fuentes judiciales, la investigación no se circunscribiría exclusivamente a lo relacionado con el caso Serrallo, en el marco del cual ya declaró el pasado 10 de diciembre la concejal de Urbanismo.
En concreto, según estas fuentes, algunas de las irregularidades investigadas irían más allá de esa actuación urbanística y estarían relacionadas con la recalificación de terrenos, que multiplicaba su valor y se favorecía así a determinadas empresas.
El caso Serrallo propició además una crisis en el gobierno municipal después de que Ciudadanos, que permitió la continuidad del PP en la alcaldía, le retirara su apoyo al no producirse el cese ni dimisión de la edil de Urbanismo tras su imputación.
Precisamente, su detención y la del alcalde han llevado hoy a Ciudadanos a anunciar que cortan "radicalmente" toda relación y comunicación con el PP en el ayuntamiento y que promoverán un cambio político en el consistorio.
Por su parte, el secretario de Política Federal del PSOE, Antonio Prada, ha señalado que de confirmarse las acusaciones contra el alcalde, los socialistas pedirán su "inmediata dimisión".
Por el PP se ha pronunciado el portavoz adjunto del grupo en el Congreso y diputado por Granada, Carlos Rojas, quien ha afirmado que su partido será "contundente" si la actuación judicial demuestra que son "graves" los hechos investigados.
