La Generalitat y el Parlamento de Cataluña han anunciado este martes que se defenderán en el Tribunal Constitucional (TC) frente a las medidas adoptadas a instancias del Ejecutivo central para frenar el proceso soberanista.

En su reunión de este martes, el Govern que preside Carles Puigdemont ha acordado personarse en el conflicto positivo de competencia promovido por el Gobierno del PP ante el TC, para defender así el Departamento de Asuntos Exteriores que encabeza Raül Romeva, tras la suspensión cautelar de algunos aspectos de la consellería.

La consellera de la Presidencia, Neus Munté, ha señalado que el ejecutivo catalán confía en seguir desempeñando la acción exterior con "tranquilidad, corrección y buen tono, pero sin ningún tipo de complejo".

A pesar de que la declaración de ruptura aprobada por el Parlament el pasado 9 de noviembre definía el TC como un órgano que carece de "legitimidad y de competencia", Munté ha justificado que el Govern siga recurriendo ante el alto tribunal.

No hay, ha dicho, "ninguna declaración que pueda alterar la obligación y la responsabilidad de un gobierno de defender sus competencias en la materia que sea", ha apuntado la consellera, que ha avisado de que seguirán actuando ante "injerencias" del TC.

Puigdemont, en la toma de posesión de 5 de los 15 miembros de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat, ha pedido a este organismo que, como "estructura de Estado", otorgue "rigor y seguridad" a los trabajos de las instituciones catalanas en el "despliegue irrenunciable" del "encargo" soberanista del Parlament.

Por su parte, el Parlament presentará alegaciones ante el TC en respuesta a la tramitación de la causa por un posible delito de desobediencia contra los miembros de la comisión de estudio del proceso constituyente en la cámara catalana, suspendida de forma cautelar por el alto tribunal.

La Mesa del Parlament ha acordado encargar a los servicios jurídicos la elaboración de las alegaciones que presentará ante el TC, para defender la legalidad de la comisión que debe debatir los detalles del proceso constituyente hacia una Cataluña independiente.

El Parlament dispone de diez días hábiles para presentar sus alegaciones contra la tramitación del TC, cuyo plazo concluye el 3 de marzo.

Además, la Mesa ha acordado aplazar hasta el próximo martes la decisión de si se constituyen o no las tres ponencias conjuntas para redactar las leyes de "desconexión" del Estado, después de que los servicios jurídicos del Parlament cuestionasen en un informe que ésta fuese la vía más adecuada para abordar la cuestión.

El portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha afirmado que a Junts pel Sí (JxS) "le tiemblan las piernas" después de ver que los letrados de la cámara catalana no suscriben su plan para redactar las tres leyes de "desconexión" -Agencia Tributaria, Seguridad Social y Transitoriedad Jurídica- a través de ponencias parlamentarias en las que la oposición no quiere participar.

La portavoz parlamentaria del PSC, Eva Granados, ha opinado que JxS y la CUP están "aparcando" la tramitación de las ponencias debido a los argumentos "sólidos" del informe jurídico de los letrados del Parlament.

El portavoz de Catalunya Sí que es Pot, Joan Coscubiela, ha denunciado que JxS y la CUP no saben explicar "cómo desobedecer o ignorar" el informe de los letrados.

El portavoz parlamentario del PPC, Enric Millo, ha asegurado que el aplazamiento de la tramitación de las ponencias demuestra la "debilidad" del acuerdo entre JxS y la CUP.

Desde la CUP, Benet Salellas ha asegurado que su grupo mantiene su apuesta por las ponencias conjuntas y ha criticado a la oposición por su "teatralización" y sus "debates estériles sobre formalismo".

También la portavoz de JxS, Marta Rovira, se ha mostrado "convencidísima" de que las ponencias conjuntas son "el mejor instrumento" para tramitar las leyes de "desconexión" y ha lamentado el "miedo a debatir" de la oposición.