La Audiencia de Palma retoma este martes el juicio del caso Nóos

Volverán a sentarse en el banquillo 18 acusados.

La Audiencia de Palma retoma este martes el juicio del caso Nóos en la Escuela Balear de la Administración Pública de Palma con el inicio, a partir de las 9.15 horas, de las declaraciones ante el tribunal de los acusados, entre los que están la infanta Cristina, su marido Iñaki Urdangarin y otras 16 personas.


Tras la primera jornada de la vista oral que tuvo lugar el pasado 11 de enero, en la que se plantearon las cuestiones previas, este martes volverán a sentarse en el banquillo 18 acusados, aunque está pendiente que el tribunal se pronuncie sobre la retirada de la acusación contra el exsecretario de Nóos Miguel Tejeiro, a quien solo acusaba Manos Limpias.


El primero en ser interrogado este martes por la este miércoles será el que fuera director general de Deportes del Govern balear entre 2003 y 2007, José Luis "Pepote" Ballester, que ha colaborado con la Justicia en la investigación de esta causa y ha confesado su participación en los hechos, tal como recoge el escrito de acusación de la Fiscalía.


En función de lo que se prolongue la declaración de Ballester, habrá otras este martes mismo o continuarán este miércoles, y así sucesivamente hasta que hayan declarado todos los acusados. El tribunal ha previsto doce jornadas para esas declaraciones, repartidas de martes a viernes hasta el 26 de febrero.


No hay un día concreto para que declare cada acusado, ya que dependerá del ritmo de las declaraciones.


Tras "Pepote" Ballester declararán, según el orden propuesto por la Fiscalía, el exdirector de la Fundación Illesport de Baleares Gonzalo Bernal; el exdirector del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Juan Carlos Alía; el exsecretario de dicha entidad Miguel Ángel Bonet, y el expresidente Jaume Matas, todos ellos a propósito de los vínculos del Govern balear con el Instituto Nóos, al que pagó 2,5 millones.


Tras ellos serán interrogados el excontable de Nóos, Marco Antonio Tejeiro, y los acusados de la rama valenciana y la madrileña, antes de que declaren los dos principales acusados: Diego Torres y Urdangarin.

Para el final quedan el exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau; el asesor fiscal Salvador Trinxet y la infanta Cristina, que será la última.


Posteriormente, el tribunal permitirá que los acusados se ausenten en las siguientes sesiones del juicio, si así lo desean, mientras declaran testigos y peritos y se presentan las pruebas documentales, conclusiones e informes finales, y hasta que vuelvan a comparecer todos el último día de la vista oral.


Entre los más de 350 testigos citados a declarar entre el 8 de marzo y el 17 de mayo figuran el exministro de Economía Rodrigo Rato y el exjefe de la Casa Real Alberto Aza, ambos el 11 de marzo.


Otro exjefe de la Casa Real, Fernando Almansa, citado por la defensa de Urdangarin, declarará el 13 de mayo, cuando también están citados el exalcalde de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón y el exsecretario de Estado para el Deporte Jaime Lissavetzky.


El que fuera secretario de las infantas Carlos García Revenga declarará ante el tribunal el 20 de abril, y el ex asesor jurídico de la Casa Real José Manuel Romero, conde de Fontao, el 22 de abril.


El día 15 de abril comparecerá como testigo el expresidente de la Comunitat Valenciana Francisco Camps; la exalcaldesa Rita Barberá lo hará el 12 de abril; el exconseller de Economía Gerardo Camps, el 8 de abril; y el exconseller Esteban González Pons, el 14 de abril.

La exconsellera de Salud de la Generalitat de Catalunya Marina Geli testificará el 4 de mayo.


La prueba testifical y pericial se desarrollará del 8 de marzo al 7 de junio y, posteriormente, hasta el 30 de junio, se presentarán la prueba documental, las conclusiones e informes de las partes, antes del trámite de última palabra de los acusados.


Las magistradas Samantha Romero, Eleonor Moyà y Rocío Martín juzgan la presunta trama urdida para beneficiar con fondos públicos a entidades creadas por Urdangarin y su exsocio, que percibieron casi 6 millones de varias administraciones públicas, así como el posterior plan supuestamente urdido para defraudar a Hacienda.


Los presuntos delitos son malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude a la Administración, tráfico de influencias, estafa, falsedad documental por particulares, falsedad en documento público por funcionario, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo.


Las condenas que piden las seis acusaciones van desde los 107 años que suman las que reclama la Fiscalía Anticorrupción a los 183 de Manos Limpias. La petición de condena más alta es la del sindicato para Urdangarin: 26,5 años de prisión.

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