El extesorero del PP Luis Bárcenas exculpará este miércoles al PP como partido y al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, de toda responsabilidad en la destrucción y borrado de los discos duros de su ordenadores durante su declaración como testigo ante la juez de instrucción número 32 de Madrid. Apuntará directamente como autores del delito a la gerente de la formación, Carmen Navarro, y al responsable de los servicios jurídicos, Alberto Durán.

Así lo han señalado fuentes del entorno del extesorero minutos antes de su comparecencia ante la juez Rosa María Freire Pérez, que investiga a Navarro y al PP por presuntos delitos de encubrimiento y daños informáticos.

Según estas fuentes, Bárcenas no considera que pueda responsabilizarse al PP de lo ocurrido ni mucho menos a su presidente, Mariano Rajoy, y quiere que sea la juez la que determine quienes son los verdaderos responsables, entre los que señala directamente a Navarro y Durán.

Preguntado por si en el PP existían normas para el borrado de archivos en ordenadores por salida de personal, ha asegurado que no existía ninguna norma y que un protocolo que Durán ha aportado a la causa que pretende demostrar este extremo "está sacado de Internet y vale para cualquiera".

La juez comienza este miércoles la investigación del caso del borrado de los ordenadores del que fuera tesorero del PP Luis Bárcenas con el interrogatorio de éste y de otras tres personas como testigos en la causa en la que se encuentra investigada la actual tesorera y gerente del partido, Carmen Navarro; su responsable de servicios informáticos, Javier Barrero y la propia formación.

Navarro y Barrero están citados para responder como investigados el jueves día 4 ante la juez de los delitos de encubrimiento y daños informáticos a los equipos que Bárcenas utilizaba en la sede del partido.

En la causa está personada la Fiscalía y el propio Bárcenas como acusación particular además de las representaciones letradas de IU y la Asociación Libre de Abogados (ALA), que fueron quienes interpusieron la querella inicial; y del Observatorio de Drets Humans (DESC), organización que se sumó más tarde.

En el auto que dictó el pasado 20 de enero la juez Freire admitió las querellas formuladas por estas organizaciones y, por primera vez en nuestro país, estrenó la figura de la imputación penal de las personas jurídicas para dirigir la acusación contra el PP, que se tiene por "querellado" en el auto de admisión a trámite del caso.

La consideración del PP como investigado en este asunto se produce después de que la Audiencia Provincial de Madrid ordenara reabrir las diligencias previas que fueron archivadas en octubre de 2013.