El primer consejero de Exteriores de la Generalitat catalana, Raül Romeva, tiene la obligación de "informar" al Gobierno español de los viajes que realice al extranjero, pero solo en el caso de aquellos desplazamientos que se hagan fuera "del ámbito de la UE".

Así lo establece la Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, en vigor desde marzo de 2014 y que se aprobó exclusivamente con el apoyo del PP, que llegó a hacer alguna concesión a las críticas de socialistas y los nacionalistas de CiU y PNV.

Las Comunidades Autónomas (CC. AA.) "mantendrán informado" al Ministerio de Exteriores de las "propuestas sobre viajes, visitas, intercambios y actuaciones con proyección exterior, para que este departamento pueda informar y, en su caso, emitir recomendaciones motivadas sobre la adecuación de la propuesta de actuación a las directrices, fines y objetivos de la Política Exterior fijados por el Gobierno", reza el artículo 5.2 de la ley.

El texto precisa que esta "obligación" de las CC. AA. afecta a "los viajes, visitas, intercambios y actuaciones de sus Presidentes y de los miembros de sus Consejos de Gobierno y no será de aplicación cuando se trate de actuaciones en el ámbito de la Unión Europea y de viajes o visitas a sus instituciones".

Durante la tramitación de la ley, el PP accedió a relajar su posición respecto de esta exigencia, ya que en borradores iniciales del proyecto pretendía obligar a las autonomías a que avisaran de todos los desplazamientos al extranjero de los altos cargos de sus Consejos de Gobierno, pero también de los desplazamientos que hicieran miembros de los Parlamentos regionales.

A esta exigencia se opusieron frontalmente el PSOE y los nacionalistas de CiU y PNV, cuyos representantes llegaron a reunirse en varias ocasiones con el jefe de la diplomacia española, José Manuel García-Margallo, para acercar posiciones.

Al final, el PP cedió en este punto y accedió a relajar el requisito, de manera que la obligación de informar de los viajes se limitase a los presidentes y consejeros autonómicos, y siempre que esos desplazamientos se hicieran fuera del ámbito de la UE.

Prohibido perjudicar la política exterior de España

La ley también especifica hasta dónde puede llegar la competencia de las autonomías en materia de acción exterior. Así, su artículo 11 les obliga a "respetar los principios" de esta ley y a adecuarse "a las directrices, fines y objetivos de la Política Exterior fijados por el Gobierno".

La norma impide además a las CC. AA. firmar tratados internacionales con otros Estados u organizaciones internacionales o generar "directa o indirecta" obligaciones o responsabilidades internacionalmente exigibles al Estado. También tienen expresamente prohibido "incidir o perjudicar la Política Exterior que dirige el Gobierno".

En realidad, las CC. AA. tienen prohibido extralimitarse en sus competencias en materia de acción exterior pues así lo ha establecido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Esta jurisprudencia limita desde los años 90 la proyección exterior de las autonomías a aquellas actuaciones que "siendo necesarias, o al menos convenientes para el ejercicio de sus competencias, no impliquen el ejercicio de un ius contrahendi (derecho de negociación), no originen obligaciones inmediatas y actuales frente a poderes públicos extranjeros, no incidan en la política exterior del Estado, y no generen responsabilidad de éste frente a Estados extranjeros u organizaciones inter o supranacionales".

La Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado ya le ha servido al Gobierno para recurrir el año pasado la apertura de nuevas delegaciones de la Generalitat en Roma y Viena, por incumplir la obligación de informar previamente al Gobierno de la creación de estas nuevas estructuras.

El Gobierno de Mariano Rajoy está además convencido de que estas nuevas delegaciones no se abren para defender los intereses catalanes o promover su lengua y su cultura, sino "para alentar el proceso secesionista".