​En libertad con cargos y 1,3 millones de fianza el exlíder del PP de Ciudadela

Avel·lí Casasnovas, expresidente del PP del municipio menorquín de Ciudadela ha quedado en libertad tras declarar por el caso Pomada.

El expresidente del PP de Ciudadela Avel·lí Casasnovas ha quedado en libertad provisional con cargos tras declarar por el caso Pomada ante el titular del juzgado número 2 de la ciudad menorquina, Juan Pablo Hidalgo, que ha impuesto una fianza civil de 1,3 millones de euros.


El juez también ha puesto en libertad con cargos al otro detenido en la operación, el constructor Ildefonso Vinent, para quien ha fijado una fianza de responsabilidad pecuniaria de 1 millón de euros.


Según han informado fuentes judiciales, el juez -que ha levantado el secreto de las actuaciones- ha impuesto a ambos las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía: retirada del pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional y obligación de comparecer ante el Juzgado los días 1 y 15 de cada mes.


El montante exacto de las fianzas de responsabilidad pecuniaria asciende a 1.386.666 euros para Casasnovas, exconcejal de Urbanismo, y a 1.053.333 euros para Vinent.


Estas fianzas cubren las eventuales responsabilidades civiles, costas del procedimiento, el comiso y posibles multas en caso de ser dictada sentencia condenatoria.


Los dos imputados han sido advertidos de manera expresa de que, en caso de no depositar estas fianzas en un plazo de cinco días, se procederá el embargo de sus bienes para cubrirlas.


A Avel·lí Casasnovas se le imputan los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, blanqueo de capitales y fraude a la administración, mientras que a Ildefonso Vinent se le atribuye blanqueo de capitales.


Casasnovas y Vinent fueron detenidos el miércoles por agentes de la Guardia Civil en el transcurso de la investigación ordenada por la Fiscalía Anticorrupción por las presuntas irregularidades en operaciones urbanísticas que habrían ocasionado pérdidas de dos millones de euros al Ayuntamiento de Ciudadela.


El fiscal Pedro Horrach, que desde el miércoles se encuentra en Menorca para dirigir el operativo de registros y declaraciones, atribuye a Vinent el papel de testaferro en las permutas urbanísticas objeto de investigación judicial.


La operación Pomada, iniciada en abril del 2015, se ha cerrado con seis imputados. Además de Avel·lí Casasnovas e Ildefonso Vinent se investigan las responsabilidades penales de los empresarios locales Francisco y Antonio Cavaller Gener, Fernando Orfila y José María Gelabert Fuxá, que ayer tarde fue detenido y quedó en libertad tras prestar declaración ante el fiscal Horrach en el cuartel de la Guardia Civil de Mahón.


Avel·lí Casasnovas se ha negado a declarar ante el fiscal Anticorrupción, porque, según ha afirmado su abogado, Xavier Lluís Lázaro, se han cometido numerosas irregularidades en la instrucción del procedimiento y vulnerado varios preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.


Anticorrupción ha centrado su investigación en la permuta aprobada en diciembre de 2005 por el pleno del ayuntamiento de Ciudadela, mediante la cual adquirió la antigua casa señorial del siglo XVIII Can Saura Morell, propiedad de Nerer Inmobiliaria SA, a cambio de una parcela de propiedad municipal situada junto a la zona residencial de Sa Platja Gran, conocida como "la joya de la corona".


El mismo día que se formalizó el acuerdo municipal, el 17 de marzo de 2006, Nerer transmitió la parcela a otra empresa, Gel-Flux, propiedad de los hermanos Antonio y Francisco Cavaller Gener y Fernando Orfila, que fueron imputados en abril del 2015.

Mediante la operación, Gel-Flux, constituida pocas semanas antes, habría obtenido un beneficio de un millón de euros, en perjuicio de las arcas municipales.


El Ayuntamiento de Ciudadela creó una comisión de investigación que en 2008 concluyó que Nerer Inmobiliaria había sido una sociedad instrumental que había actuado como intermediaria entre el ayuntamiento y Gel-Flux, que fue la auténtica beneficiaria de la operación, lo que fue ocultado durante 16 meses a la administración municipal.

Las conclusiones de la comisión de investigación del caso Nerer (hoy caso Pomada) fueron remitidas a la Fiscalía.

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