¿Desea una mina de uranio en su pueblo?
Los referéndum municipales suelen quedar sin respuesta porque su tramitación dura más que la legislatura. El Gobierno ha autorizado cinco consultas sobre la recogida de basuras en Guipúzcoa.
¿Desea una mina de uranio en su pueblo? ¿Cómo quiere que recojan su basura?, son preguntas de las consultas populares que han planteado ayuntamientos a sus ciudadanos en lo que va de año y 2015, pero algunas han quedado o quedarán sin respuesta.
Para la celebración de los referéndum municipales no solo se necesita la mayoría absoluta del Pleno del Ayuntamiento sino también la autorización del Consejo de Ministros, y darse muchísima prisa.
Este mismo viernes, el Consejo de Ministros dio luz verde a una consulta popular en Legazpia sobre la recogida selectiva de residuos urbanos.
Y en lo que va de año y 2015, el Gobierno ha autorizado consultas populares sobre este mismo asunto en el municipio navarro de Bergara, y en Azkoilia, Eskoriatza y Aretxabaleta, también de Guipúzcoa, donde hubo una intensa polémica la pasada legislatura por la implantación de la recogida selectiva "puerta a puerta", una importante apuesta de Bildu en los ayuntamientos que gobernaba.
La tramitación de los referéndum municipales es tan compleja y larga que los cuatro años de una legislatura pueden no ser suficientes. "El tiempo pasa rápido", explica a EFE José Luis Martínez Alonso, profesor de Derecho de la Universidad de Barcelona.
Se han cumplido 30 años de la ley de bases de régimen local, que en 1985 reguló los reférendum municipales y desde entonces sólo se ha pedido la convocatoria de algo más de un centenar de ellos, una cifra mínima si se tienen en cuenta que hay más de 8.000 municipios en España.
En torno al 70 % de la consultas ha sido desestimado a lo largo de estas tres décadas, fundamentalmente por considerarse que excedían el interés local, o lo que es lo mismo, que eran asuntos de competencia estatal.
En ocasiones prima un criterio "restrictivo", afirma el profesor de Derecho, que recuerda cuando el Ayuntamiento de Almuñécar tuvo que llegar hasta el Tribunal Supremo para poder opinar sobre el plan general de ordenación urbanística de su municipio, algo que le había vetado previamente el Consejo de Ministros.
El medio ambiente y el urbanismo son los temas más recurrentes en este tipo de consultas, algo lógico piensa Martínez Alonso dado que son materias "especialmente sensibles" para la población por su "proximidad y posibles consecuencias".
En lo que va de año y todo 2015, apenas una decena de referéndum han llegado hasta la mesa del Consejo de Ministros y, al menos, en dos ocasiones los ha echado atrás.
Uno sobre una mina de uranio de Retortillo (Salamanca) y otro sobre el mantenimiento o no de una concesión a una empresa para la gestión de agua en Cogollos Vega (Granada).
En el primer caso, el Gobierno impidió su celebración porque consideró que la explotación de una mina era de competencia estatal (energía) y porque afectaba a intereses provinciales, nacionales e incluso internacionales.
En general, cree Martínez Campos, no es extraño que surjan otros sucedáneos como respuesta a las consultas populares (encuestas, foros de participación...) porque son más fáciles de organizar "y mucho menos costosas", aunque no tengan las mismas garantías (de la Junta Electoral).
En ambos casos no son jurídicamente vinculantes, pero sí lo son "políticamente" -en el sentido de la presión que pueda ejercer sobre quien tiene la potestad de decidir-.
El futuro de una zona de aparcamiento en Cabrils (Barcelona) y sobre la retirada o no de la cubierta de la plaza de toros de Los Barrios (Cádiz) han sido otros de los referéndum que recibieron luz verde del Consejo de Ministros en 2015 y en lo que va de año.
En octubre pasado, la presidenta del PP de Madrid, la exministra Esperanza Aguirre, también anunció su interés por plantear una consulta popular acerca del cierre del centro de Madrid al tráfico. Habrá que esperar.
