La defensa de Diego Torres, el socio de Iñaki Urdangarin en el Instituto Nóos, ha pedido la nulidad del proceso que ha conducido al juicio que se celebra en Palma porque "se ha configurado a partir" de documentación obtenida por el juzgado de instrucción de modo "ilícito".

Manuel González Peeters, abogado de Torres, ha planteado en el trámite de cuestiones previas que se han vulnerado derechos fundamentales de su representado porque los documentos sobre las contrataciones de Nóos con administraciones públicas que aportó en 2010 a requerimiento del juez instructor, José Castro, le fueron requeridos como testigo y luego se emplearon para imputarle.

"Sobre esa documentación se soporta la totalidad del procedimiento" y Torres la aportó antes de su imputación, lo cual le produce una "manifiesta y proscrita indefensión", ha manifestado González Peeters, que defiende tanto a Torres como a su esposa, Ana María Tejeiro.

Otra causa de nulidad similar se produjo, según ha aducido el letrado, con la documentación tributaria que su cliente aportó en el marco de un procedimiento administrativo de inspección impulsado por la Agencia Tributaria, que finalmente le ha acusado por delito contra la Hacienda Pública.

González Peeters ha asegurado que el material documental empleado como elemento incriminatorio fue entregado por Torres a Hacienda "bajo la coacción de que en la hipótesis de que no la aporte será sancionado".

Como tercera causa de nulidad, el abogado ha expuesto que ni Torres ni su esposa fueron informados con detalle cuando declararon ante el juez Castro de los presuntos delitos por lo que estaban imputados. "Hay una obligación legal que impone el legislador al juez y eso se ha incumplido", ha sostenido.El fiscal rechaza la petición

El fiscal Anticorrupción Pedro Horrach ha rechazado la petición de la defensa de Torres porque estuvo personado en la causa desde un principio con abogado y procurador, y por tanto como imputado, y eso fue antes de que entregara la documentación requerida.

Horrach ha recordado que a lo largo de la instrucción Torres presentó "la documentación como quiso y la que quiso", obviando entregar "los documentos que más podían incriminarle" y aportando sucesivas tandas de correos electrónicos "que solo podían afectar a otra parte" ha dicho refiriéndose a Urdangarin.

En cuanto a la documentación fiscal obtenida en el procedimiento administrativo, el fiscal ha señalado que una vez trasladada al proceso penal permite acusarle por delito fiscal, algo en lo que ha abundado la abogada del Estado Dolores Ripoll, que representa a Hacienda en el procedimiento.

Ripoll ha reiterado que la Ley Tributaria lo permite, y varias sentencias avalan que no lesiona el derecho a la tutela judicial efectiva ni viola la presunción de una inocencia.

El abogado de la comunidad autónoma de Baleares, Lluís Segura, que también acusa a Torres, ha dicho que el sumario refleja "el alto grado de conocimiento de los hechos imputados que tuvo en todo momento", así como su colaboración voluntaria aunque selectiva.

Los defensores del secretario del Instituto Nóos, Miguel Tejeiro, y del asesor fiscal Salvador Trinxet han pedido al tribunal que tenga por no formulada la acusación por parte del sindicato Manos Limpias, la única parte que pidió abrir juicio para ambos, y que declare nulo el escrito por ineficaz en su configuración formal.

El defensor de Trinxet, Jaime Campaner, considera una violación del derecho a la tutela judicial efectiva que se juzgue al asesor fiscal a pesar de que el relato fáctico del escrito de acusación de Manos Limpias no corresponda a ningún tipo delictivo y sea "vago, genérico y a veces confuso".

Campaner ha señalado que Manos Limpias ha basado la acusación en argumentos acusatorios de carácter valorativo y subjetivo, pero no fáctico, que generan indefensión a Trinxet, y que incluso si ese relato de hechos se considera probado, procedería su absolución.

Por su parte, Martell ha calificado la acusación formulada contra Miguel Tejeiro por tráfico de influencias, prevaricación, falsedad, fraude a la administración, estafa y blanqueo, de "festín punitivo", carente de una acusación precisa por hechos concretos.

Según Martell, el escrito de acusación es de un "absoluto vacío" y no ofrece ningún segmento fáctico descriptivo que apunte ni mínimamente a los delitos que se le atribuyen.

Ha detallado que el único relato sobre la actuación de Tejeiro es que tuvo la idea de utilizar a la infanta como escudo fiscal y esa parte no ha derivado en la posible acusación que sería como cooperador de delito fiscal.

Por su "generalidad e inconcreción", Martell ha pedido que se dé por no formulada la acusación y el escrito se declare "ineficaz".

La abogada de Manos Limpias, Virginia López Negrete, ha rechazado las peticiones de ambos. Ha asegurado que el documento que fija los hechos justiciables es el auto de pase a procedimiento abreviado del juez instructor en el que se basa el escrito de acusación.

La letrada considera que el relato de hechos del que están acusados tanto Trinxet como Miguel Tejeiro será materia de debate en el juicio.