El juez Juan Pablo González ha admitido a trámite la denuncia presentada por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo Covite contra 76 presos y exreclusos de ETA por el uso de documentos falsos en su inscripción en la Universidad del País Vasco (UPV) y en la UNED que les sirvió para redimir sus condenas.

El juez de la Audiencia Nacional ha adoptado esta decisión en un auto, fechado el 17 de noviembre, en el que requiere a la UPV/EHU y a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) los "certificados de las vías de acceso" de los denunciados, así como de sus actas de exámenes y curso de acceso de mayores de 25 años, "firmadas y selladas por el Tribunal Colegiado".

También solicita al Servicio de Información de la Guardia Civil que emita un informe "sobre la falsedad de las vías de accesos (selectividad, mayores de 25 años y curso posterior)", así como sobre la pertenencia de los etarras denunciados al llamado frente de cárceles o frente de makos de ETA.Documentación falsa

El pasado 19 de octubre, Covite presentó su demanda en la Audiencia Nacional para acusar a estas 76 personas de un delito de uso continuado de documentación falsa, que emplearon para matricularse en estudios para obtener beneficios penitenciarios.

En concreto, Covite sostiene que los presos presentaron documentos falsos para poder inscribirse en carreras de la Universidad del País Vasco (UPV-EHU) y de la UNED, gracias a lo cual algunos de ellos consiguieron reducir casi a la mitad su tiempo de estancia en prisión.

También fue denunciado Imanol Haranburu Carrera, quien fue propuesto para el cargo de jefe de Negociado de Escuelas de Idiomas y Acreditación de la Consejería de Educación del Gobierno de Navarra, así como el histórico miembro de ETA José Antonio López Ruiz "Kubati", Cándido Aspiazu, condenado por el asesinato de Ramón Baglietto, e Iñaki Arakama Mendia "Macario".

Además figuran Valentín Lasarte, ya en libertad tras ser condenado por el asesinato del concejal del PP en San Sebastián Gregorio Ordóñez; Juan Luis Aguirre Lete, Inés del Río (conocida por la sentencia del Tribunal de Estrasburgo que derogó la doctrina Parot), Juan Lorenzo Lasa Mitxelena, Francisco Múgica Garmendia "Pakito"; o Domingo Troitiño Arranz, entre otros.

Covite aportó pruebas de que se utilizaron DNI con números falsos -varios de ellos tienen números correlativos-, se duplicaron números de identificación o se obtuvo la selectividad años después de cursar presuntamente los estudios universitarios.

En otros casos, según aseguró el colectivo de víctimas, ni siquiera constan los documentos que acrediten haber cumplimentado las vías de acceso a la universidad.

La asociación de víctimas del terrorismo sostiene que en muchos de los supuestos denunciados los presos utilizaron esos documentos falsos para beneficiarse de la derogación de la doctrina Parot y ser excarcelados.

?Covite argumentó en su denuncia que los presos y expresos denunciados han cometido un delito de uso continuado de documentación falsa descrito en el artículo 393 del Código Penal.

En su demanda, Covite solicitó que se requiriese a la UPV-EHU, al centro de la UNED de Bergara y al Ministerio de Educación los certificados correspondientes.

Esta denuncia se suma a las anteriormente presentadas por Covite contra otros 11 presos de ETA por los mismos motivos.